Si bien las cifras llaman mucho la atención, el equipo de WSJ advierte que no hay reglas claras que prohíban a los empleados de la SEC invertir en criptomonedas, aún cuando el regulador involuntariamente puede sacudir al mercado asociado con sus anuncios y medidas.
- Empleados gubernamentales hacen uso de información privilegiada
- Al menos el 25% de los trabajadores de la SEC han incurrido en estos actos
- No hay leyes que prohíban a funcionarios invertir en criptomonedas
- La SEC tiene el poder para sacudir con sus anuncios al mercado cripto
Prácticas cuestionables La investigación la llevó a cabo el equipo de la agencia de noticias WSJ y difundida por el medio TrustNodes, el cual hizo seguimiento por 10 meses a una gran cantidad de casos, y determinó ciertas irregularidades que aluden al manejo de información privilegiada por parte de empleados de la SEC.
Entre los hallazgos está el presunto tráfico de información privilegiada entre funcionarios de agencias federales, sobre lo cual WSJ indica:
“Más de 60 empleados en cinco agencias, incluidas la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, informaron que negociaron acciones en empresas poco antes de que sus departamentos anunciasen acciones de cumplimiento, como cargos y acuerdos contra esas compañías”.En cuanto a la SEC, se estima que la cantidad de funcionarios que estaban vinculados de alguna manera con compañías bajo su jurisdicción se acerca al 25% de su plantilla laboral. Algo similar ocurre con el IRS y la FED, donde también se presenta una proporción parecida de trabajadores que caen dentro del criterio antes mencionado, pero en en el caso de la CFTC solo hubo registro de una persona que incurrió en esta práctica.
Si bien puede haber normativas para los empleados de la SEC u otras agencias gubernamentales en este tipo de casos, la investigación de WSJ asegura que los fiscales del Departamento de Justicia se han negado a abrir investigaciones en ciertas oportunidades.
Sin políticas claras en el caso de las criptomonedas Con respecto a las criptomonedas, remitiéndonos únicamente al caso de la SEC, un documento filtrado con fecha de 2021 revela que el regulador no dispone de reglas claras que prohíban a sus empleados tener criptoactivos como Bitcoin, Ethereum o XRP, y tampoco les restringe participar activamente en el comercio de criptomonedas.
Sobre esto, WSJ asegura que hay ciertas conjeturas que se pueden sacar al respecto. Una de ellas es que los empleados de la SEC podrían incurrir en el uso de información privilegiada para comercializar activos como Bitcoin o Ethereum, ya que acontecimientos que sacudan con fuerza a otras criptomonedas que estén bajo el ojo del organismo también podrían repercutir sobre la cotización de las antes mencionadas.
Sobre esto, la investigación asoma como hipótesis que algunos empleados pudieron haber sacado provecho en 2018 y comercializar sus activos antes de que la SEC comenzara a negar los ETF Bitcoin propuestos en aquél momento. Este evento convirtió al regulador en si mismo en una organización con poder suficiente para generar reacciones importantes en el mercado.
Énfasis regulatorio sobre el mercado cripto Los hallazgos en el informe de WSJ vienen a lugar en un momento en el que la SEC está mucho más incisiva con proyectos y plataformas asociadas a las criptomonedas, a las cuales estaría haciendo seguimiento con más énfasis en los últimos meses.
Este ahínco con el que aborda a los proyectos y exchanges por la presunta comercialización de valores no registrados ha generado críticas, tanto fuera como dentro de la misma SEC. Plataformas como Coinbase (NASDAQ:COIN), Binance y otras tantas son actualmente objeto de investigación, justamente por la comercialización de tokens que fueron calificados como valores por el regulador, incluso aún cuando no hay leyes precisas que den más claridad para evaluar a los criptoactivos en cuestión.
La principal crítica contra la SEC tiene que ver con la arbitrariedad con la que actúa en ciertos casos, esto de la mano con el hecho de amparar sus decisiones con una ley que data de la década de los 30. Sin embargo, el presidente del organismo, Gary Gensler, asegura que el marco jurídico actualmente vigente es más que apropiado para abordar tales dudas.
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