Una enmienda en el muy discutido Proyecto de Ley de Infraestructura aprobado por el Senado de los EEUU el mes pasado, podría hacer que una amplia gama de usuarios de criptografía se enfrenten a hasta cinco años de prisión por recibir activos digitales, si no se informa correctamente, advirtió Proof of Stake Alliance (POSA).
La disposición, que se aplicaría a todos los ciudadanos estadounidenses que reciban cualquier tipo de activo digital, ha escapado hasta ahora del escrutinio público o del Congreso, la organización sin fines de lucro que tiene como objetivo aportar claridad legal y regulatoria a la industria de la prueba de participación, dijo en un comunicado.
Argumentan que un estatuto que crea delitos graves para los usuarios de activos digitales merece un debate abierto en lugar de incluirse en silencio en un proyecto de ley pendiente.
“La enmienda propuesta a la Sección 6050I establece que, en una amplia gama de escenarios, 'cualquier persona' que reciba más de US$10.000 en activos digitales debe verificar la información personal del remitente, incluido el número de Seguro Social, y firmar y enviar un informe a el gobierno dentro de los 15 días. El incumplimiento da lugar a multas obligatorias y puede ser un delito grave (hasta cinco años de prisión)”, dice el informe.
La propuesta se basa en una ley de 1984 que fue redactada para desalentar las transferencias de efectivo en persona y alentar el uso de instituciones financieras para transacciones importantes. Pero las disposiciones que eran relativamente claras hace unos 37 años son difíciles de aplicar a los activos digitales, lo que hace que el cumplimiento sea indebidamente oneroso, dijo la POSA.
Esto es porque “cualquier 'recepción' puede desencadenar el requisito de información, y 'de activos digitales' se define ampliamente como cualquier 'representación digital del valor' utilizando la tecnología del libro mayor distribuido, incluyendo [tokens no fungibles] NFTs”, según el informe.
Debido a esto, los mineros criptográficos, los apostadores, los prestamistas, los usuarios de aplicaciones y mercados descentralizados, los comerciantes, las empresas y las personas que tienen alguna exposición a los activos digitales, corren el riesgo de estar sujetos al controvertido requisito, "aunque en la mayoría de las situaciones, la persona o la entidad que lo recibe no está en condiciones de reportar la información requerida”, dijeron los autores del informe.
Con base en su análisis de la disposición, la POSA concluye que todos los grupos anteriores deben informar los activos digitales recibidos que activan el umbral de US$10.000, o de lo contrario enfrentarán multas o prisión.
Sin embargo, existen tres excepciones que se aplican: recibos de instituciones financieras; recibos que ya fueron reportados bajo la Ley de Secreto Bancario; y transacciones extranjeras.
