por Mercedes del Signo del Rio
Infosel, diciembre. 17.- El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir los altos niveles de inseguridad seguirá su curso a pesar de las críticas que enfrenta por los elevados índices de delitos a un año del inicio de su administración.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, los miembros de su gabinete de seguridad presentaron los resultados de la nueva estrategia de combate a la inseguridad en el país, misma que el presidente asegura que es más eficiente y menos violenta que los gobiernos anteriores.
"No ha sido fácil, porque ha habido una tendencia al alza en delitos en general, con pocos elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos iniciado de cero", dijo López Obrador, ante medios reunidos en Palacio Nacional.
En lo que va del año, se han cometido un millón 952 mil 803 delitos o 73 mil 585 más que en 2018, de los cuales 95% pertenecen al fuero común y el 5% restante al fuero federal.
El homicidio doloso, uno de los delitos que mayor atención merecen por su tendencia al alza en los últimos años, creció en los primeros 12 meses bajo el mando del presidente, lo que representa un crecimiento de 0.1%, cifra menor si se compara con el promedio de 1.96% de los tres años anteriores.
Así, durante 2019, el país suma 31 mil 688 homicidios, donde los estados de Guanajuato, Baja California y Ciudad de México registraron una mayor incidencia.
El promedio nacional de homicidios es de 25 por cada cien mil habitantes, pero en estados como Colima esta cifra alcanza los 88 por cada 100 mil y en Baja California 74.2 por cada 100 mil. En el último año el homicidio doloso aumentó a una tasa nacional de 1.7%.
"Este es el número que nos tenemos que proponer reducir en la próxima, en el informe del próximo año", dijo en conferencia Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las cifras más alentadoras que reveló Durazo Montaño muestran una reducción de 1.6% en el robo de autos y una caída anual de 1.7% en el robo a transportistas.
A pesar de la estrategia de fortalecer las capacidades de los cuerpos policíacos del país, 31 de los 32 estados están en déficit de policías si se compara con el estándar internacional. Además, menos de la mitad de todos los policías del país han pasado los exámenes que los certifican.
Incluso, el secretario Durazo Montaño reconoció la certificación de los policías como una necesidad primordial para lograr los objetivos de pacificar al país.
"Esto es muy importante, hemos dicho que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado, la certificación es una valoración fundamental sobre la calidad de las policías", agregó el titular de seguridad pública, a medios de comunicación.
El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores no hizo nada por lograr sembrar la paz en el país y que su propuesta, aunque disruptiva, sería mucho más efectiva.
"Se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal y fallida durante el periodo neoliberal, sobre todo a partir de que se declara la guerra al narcotráfico, que se descompone todo, se corrompe todo", dijo el mandatario. "Lo sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia, los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo".
Claro que, a pesar del optimismo de las autoridades, cada vez más gente considera que la estrategia de López Obrador no está rindiendo frutos y debe ser modificada.
De acuerdo con la última encuesta de opinión elaborada por las consultorías Grupo de Economistas y Asociados (GEA (DE:G1AG)) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), cada vez más gente desaprueba las acciones realizadas por el gobierno para combatir el crimen organizado.
La desaprobación a la estrategia del gobierno para frenar la delincuencia aumentó de 29% que había al cierre del tercer trimestre a 41% en el cuarto trimestre de 2019.
Por otra parte, el porcentaje de personas que aprueban la labor en materia de seguridad pasó de 63 a 53% en tres meses y 55% de los encuestados por GEA e ISA consideran que la estrategia de seguridad del gobierno debe cambiar.