Por Eliana Raszewski y Maximiliano Rizzi
BUENOS AIRES, 31 ene (Reuters) - El Gobierno argentino trabaja a contrarreloj para aplicar este año un plan de recorte de los altos costos laborales que podría impulsar las inversiones pero también disparar conflictos sindicales capaces de detener la actividad del país.
Esa es la apuesta del presidente de centroderecha Mauricio Macri para reactivar la economía y llegar en buena forma a las elecciones legislativas de octubre, en las que necesita que sus aliados avancen en un Congreso dominado por rivales para que sus proyectos prosperen.
Y para eso deberá seducir a los duros líderes sindicales, que en su mayoría son opositores.
"Argentina es el país de la región que mejor cobertura previsional tiene, que mejor cobertura de salud tiene. Si nos quieren llevar para abajo, ahí van a chocar con nosotros", dijo a Reuters Héctor Daer, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central gremial del país.
Pero las empresas aseguran que los altos costos laborales desalientan las inversiones en Argentina, aún a pesar de las dolorosas reformas pro mercado que aplicó Macri en el 2016.
De acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional de fines del 2016, el costo laboral unitario argentino es cerca de un 50 por ciento mayor al de los vecinos Brasil y Chile.
¿Por qué? El costo laboral local incluye salarios relativamente altos, la mayor carga impositiva de Sudamérica y el pago de primas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), a lo que se suma un alto nivel de litigiosidad en un sistema donde es habitual que se falle a favor del empleado.
"Los costos laborales nos afectan y esperamos que se puedan tomar medidas para bajarlos porque eso nos frena a la hora de contratar personal", dijo Pablo Zanello, dueño de una pyme que produce maquinaria vial y agrícola y que busca este año duplicar su nómina de 25 empleados.
LA ESTRATEGIA
Para evitar choques con los gremios, el Gobierno busca el aval de la CGT sobre medidas que bajarían los costos laborales -subsidiando aportes patronales por tres años para nuevos empleos- a cambio de regularizar el personal en la informalidad, que se calcula representa 30 por ciento de los empleos del país.
"Así como el año pasado el Gobierno se enfocó en corregir la macroeconomía -alcanzando un acuerdo con acreedores de deuda impaga, eliminando controles cambiarios, etcétera-, este año el Gobierno se enfoca en lo micro, en la forma de generar más empleo y mayor productividad sin reducir el salario real", dijo a Reuters una fuente de la jefatura del gabinete de ministros.
Una fuente del Ministerio de Trabajo dijo que según cálculos de la administración de Macri el costo fiscal de una exención impositiva temporaria para empleadores sería más que compensada por las contribuciones que ellos aportarán en años posteriores.
Pero la tarea es difícil: el Gobierno tiene que consensuar con los jefes gremiales con la promesa de crear empleo y evitar huelgas generales como las que sufrió la ex presidenta peronista Cristina Fernández, incluso cuando comulgaba con su ideología.
"No significa corregir para solamente bajar costos laborales sino corregir también para readecuar a los trabajadores", dijo Jorge Sola, portavoz de la central obrera.
Las negociaciones serán duras y la CGT definirá los próximos pasos en una reunión que mantendrán sus líderes el jueves, donde podrían anunciar protestas como muestra de su fuerza.
ACUERDOS POR SECTORES
Cuando asistió al Foro Económico de Davos este mes, el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, vio de primera mano como inversionistas pusieron el dedo en la llaga criticando los conflictos gremiales, costos laborales y la baja productividad.
"Ellos decían: 'Ustedes no son atractivos para hacer inversiones'", sostuvo el abogado laboralista Julián de Diego, en base a los comentarios de dos colegas suyos que acompañaban al ministro en ese momento.
El Gobierno lo sabe. Por eso en las últimas semanas Macri apuró negociaciones con empresas y gremios de la construcción, las industrias metal-mecánica, automotriz, electrónica y el sector marítimo para acordar cambios que favorezcan las inversiones para crear empleo y salir de una recesión económica.
El modelo a seguir es un reciente acuerdo con el sector petrolero para la explotación del yacimiento Vaca Muerta que permitió bajar la cantidad mínima de operarios necesarios para cada pozo, una concesión que llevó un año de negociación con un sindicato que no es de los más duros del rubro. Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, una de las industrias a las que apunta el Gobierno, dijo que pese a que el ausentismo ronda entre 10 y 15 por ciento, el sistema legal local impide a las firmas poder sancionar o despedir por esa causa.
La semana pasada, antes de reunirse con automotrices, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que busca bajar el ausentismo, al que consideró un problema "muy importante".
"JUSTICIA LABORAL BELICOSA"
José Luis Ammaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, dijo que debido a la alta litigiosidad laboral las ART del sector cobran hasta 14 por ciento del salario bruto, una proporción 9 veces mayor al 1,5 por ciento que se paga en Estados Unidos y en partes de Europa.
"Cuando hay un alto costo laboral, la empresa no se fija en el salario sino en el costo total, que puede ser dos o tres veces el salario, y por eso no se contrata personal o se favorece al trabajo negro (no registrado)", explicó.
Con el objetivo de bajar la cantidad de juicios laborales, que según datos oficiales se multiplicaron por 40 desde el 2003, Macri estableció por decreto la semana pasada que las demandas por accidentes deberán obtener el aval de una comisión especial.
"Hay que buscar un balance para que se defiendan los derechos pero bajando la litigiosidad", dijo a Reuters la fuente del Ministerio de Trabajo bajo condición de anonimato. "Argentina tiene una justicia laboral belicosa". (Editado por Pablo Garibian)