Durante su mandato, el Presidente de EE.UU. Joe Biden, junto con la Vicepresidenta Kamala Harris, ha perseguido una serie de objetivos de política económica que se han enfrentado a la resistencia del Congreso y del poder judicial. A pesar de estos desafíos, las ambiciones de la administración se han centrado en crear un sistema fiscal más equitativo, abordar los problemas sociales, combatir la inflación y promover la política industrial.
Uno de los principales objetivos de la administración ha sido aplicar reformas fiscales dirigidas a los ricos y las grandes empresas, haciendo hincapié en que no se vieran afectados los particulares que ganaran menos de 400.000 dólares anuales. El objetivo era igualar la carga fiscal entre las rentas altas, que suelen pagar tipos impositivos más bajos, y los trabajadores de clase media.
La administración también pretendía ampliar la base impositiva para financiar mejor el gasto público y programas sociales como la Seguridad Social y Medicare. Se prevé que este debate se intensifique a medida que las disposiciones de la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017, firmada por el expresidente Donald Trump, expiren en 2025.
Biden y Harris también se han centrado en ampliar el papel del gobierno para abordar los retos sociales. Sus esfuerzos incluyeron una expansión temporal del crédito fiscal infantil en 2021, que dio lugar a una notable reducción de la pobreza infantil, pero no continuó debido a la oposición republicana. Los demócratas han expresado su interés en restablecer este programa. Además, han propuesto inversiones en bajas familiares remuneradas, cuidado de ancianos y educación, aunque sus planes de condonar los préstamos estudiantiles se han topado con un importante rechazo legal.
La inflación, que se ha convertido en una preocupación importante para los votantes después de la crisis de COVID, ha sido otro de los objetivos de la administración. Aunque reconocen el papel primordial de la Reserva Federal en la gestión de la inflación, Biden y Harris han identificado la reducción de costes como una prioridad económica clave.
Se han centrado en las prácticas empresariales y los cuellos de botella de la cadena de suministro, abogando por una mayor aplicación de las leyes antimonopolio y mejoras de las infraestructuras. A pesar de sus objetivos climáticos, han permitido que la producción estadounidense de combustibles fósiles alcance niveles récord y han utilizado las reservas estratégicas de petróleo para bajar los precios del combustible, una medida criticada por Trump.
La asequibilidad de la vivienda, que representa una parte sustancial del gasto estadounidense, es otra área en la que la administración ha señalado su deseo de actuar, y Harris ha indicado su compromiso de abordar la cuestión.
Por último, la Administración ha sido partidaria de una nueva política industrial estadounidense que aproveche los recursos del Gobierno para fomentar y hacer crecer determinadas industrias. Entre ellas figuran la energía limpia, los vehículos eléctricos, la exploración espacial, la informática cuántica, la ciberseguridad y los semiconductores. Biden y Harris sostienen que este enfoque puede impulsar la creación de empleo, aumentar los salarios, apoyar a los sindicatos y mejorar la competitividad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos.
A medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, la vicepresidenta Harris puede tener la oportunidad de revisar y potencialmente impulsar estas propuestas económicas si resulta elegida para suceder al presidente Biden.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.