México, 15 ago (EFE).- La recuperación de la banda de 2,5 gigahercios anunciada por el Gobierno mexicano es una "revancha" por recontratar a la periodista Carmen Aristegui, dijo hoy el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, quien anunció que dará la pelea en los tribunales.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, anunció hace unos días la decisión de recuperar la frecuencia de esa banda con el argumento de que es poco utilizada y el objetivo de expandir el servicio de banda ancha y telefonía móvil con más participantes.
El principal afectado es el grupo MVS Comunicaciones, una compañía que tiene decenas de estaciones de radio y canales de televisión restringida y cuenta con 42 de las 68 concesiones vigentes en la banda de 2,5 gigahercios.
La decisión de negar la prórroga de las concesiones y expropiar las que aún están vigentes "solo se explica por las presiones de reconocidos personajes de Televisa" y "la antipatía manifiesta que algunos personajes del Gobierno tienen en contra de la administración de MVS", aseguró Vargas.
El directivo denunció lo que consideró una actuación "sesgada" por parte de funcionarios para favorecer los intereses de Televisa, el mayor grupo de medios de América Latina, ya sea para aumentar sus activos o combatir a los competidores.
El rescate de las frecuencias, dijo, constituye una "revancha ejecutada desde el Gobierno por quienes, matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar".
Además, sancionaron "a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda", señaló en alusión a Aristegui, encargada de su noticiero de mayor audiencia.
Vargas relató las presiones que recibió de varios funcionarios, quienes exigieron una disculpa pública y el despido de Aristegui por haber abordado el supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón en febrero de 2011 en un programa de la emisora.
Contó que el ministro de Comunicaciones le advirtió que tenía instrucciones de Calderón de "no gestionar asunto alguno de MVS", y en especial de la banda 2,5, hasta que Aristegui no ofreciera "una disculpa pública".
Asimismo, recordó que en una comida con el entonces titular del Trabajo, Javier Lozano, dijo textualmente: "hemos encontrado que tu proyecto de la 2,5 gigahercios tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada".
MVS despidió a Aristegui, pero unas semanas después llegó a un acuerdo con la periodista para que volviera al aire, que incluyó la creación de la figura de un defensor del radioescucha.
El directivo también señaló hoy que desde que se creó la empresa Dish para ofrecer televisión vía satélite a bajos costos, Televisa ha exigido que sean retiradas las concesiones de MVS en la banda de los 2,5 gigahercios.
Vargas afirmó que el Gobierno se negó a aceptar el proyecto presentado por MVS de "Banda ancha móvil para todos" que ofrecía crear una red con el doble de velocidad a la actual y a la mitad de precio.
Dijo que las autoridades alargaron el proceso de negociación para refrendar las concesiones vencidas al comienzo del actual Gobierno con el fin de agotar el tiempo, bajo el argumento de que MVS se negaba a pagar una contraprestación.
Según MVS, el Gobierno pretendía cobrar derechos por unos 1.200 millones de dólares, mientras la empresa ofrecía el pago de poco más de 500 millones de dólares por el uso de las frecuencias en un plazo de 20 años para el servicio de banda ancha.
Pérez Jácome rechazó hoy cualquier tipo de chantaje por parte del Gobierno e insistió en que el rescate se decidió porque MVS se negó a pagar la contraprestación económica a la que tiene derecho el Estado.
MVS tampoco aceptó licitar una parte del espectro para determinar el verdadero valor en México, dijo el funcionario, quien aseguró que el Gobierno "siempre ha respetado la libertad de expresión".
Vargas dijo que utilizarán todos los recursos legales para frenar el "atropello" y adelantó que en caso de que el Gobierno firme el decreto de expropiación, entrará en un litigio de largo plazo que congelará durante no menos de cinco años el uso de la banda. EFE
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