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Brasileña Odebrecht y peruana Graña anuncian arbitraje contra Estado por proyecto Chavimochic

Publicado 24.02.2017, 10:42 a.m
© Reuters.  Brasileña Odebrecht y peruana Graña anuncian arbitraje contra Estado por proyecto Chavimochic

LIMA, 24 feb (Reuters) - Un consorcio formado por la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, encargado de la construcción del proyecto de irrigación Chavimochic en el norte de Perú, dijo que solicitó un arbitraje internacional para dialogar con el Estado y solucionar la controversia sobre la continuidad de la concesión.

Hace más de una semana, el gobernador de la región La Libertad - ubicada en el norte del país -, Luis Valdez, dijo que el contrato del proyecto de irrigación debería cancelarse porque incumplió con el plazo de la presentación del cierre financiero.

Por su parte, la concesionaria Chavimochic afirmó en un comunicado que el Gobierno de la región lleva 31 meses de retraso en cumplir con sus obligaciones de entregar los terrenos necesarios para la construcción de las obras.

En ese sentido, el consorcio explicó que el principal objetivo de sus acciones preventivas es "proteger la inversión realizada y posibilitar la continuidad del proyecto, bajo otra composición accionaria, atendiendo a las demandas de la comunidad local y empresarios agroindustriales de La libertad".

La Empresa Concesionaria Chavimochic cuenta con un 74 por ciento de participación de Odebrecht, actualmente investigada por corrupción, y un 26 por ciento de la constructora Graña y Montero.

El Gobierno de la Libertad también evalúa rescindir el contrato, debido a que no podría seguir trabajando con una empresa con altos índices de percepción de corrupción.

En el marco de un acuerdo judicial en Estados Unidos, Odebrecht reconoció en diciembre haber pagado unos 29 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El consorcio precisó en su comunicado que a partir de la solución de las controversias buscará alternativas en conjunto con el gobierno regional para llevar adelante el proyecto, cuya inversión asciende a 500 millones de dólares.

(Reporte de Ursula Scollo. Editado por Marion Giraldo)

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