El Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de EE.UU., con sede en St. Louis, ha decidido prolongar la medida cautelar que impide a la administración del Presidente Joe Biden sacar adelante su plan de alivio de la deuda estudiantil. Este plan pretende reducir los pagos mensuales de numerosos prestatarios y agilizar la condonación de préstamos para determinadas personas. La decisión, emitida el viernes, mantiene un bloqueo temporal anterior que el tribunal había puesto en marcha el 18 de julio, a petición de siete estados liderados por republicanos.
Los estados habían solicitado un bloqueo más amplio que el que un tribunal inferior había concedido anteriormente, argumentando que el plan de alivio de la deuda del Departamento de Educación de EE.UU. era ilegal. La última orden del tribunal de apelación no afecta a ningún préstamo que ya haya sido condonado, ya que el panel de tres jueces, nombrado por presidentes republicanos, señaló que los estados "no pueden dar marcha atrás".
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, celebró el fallo en las redes sociales, subrayando que se trataba de una importante victoria para los estadounidenses, que no tendrían que soportar la carga de las deudas de otros. Missouri, como principal demandante, ha estado al frente del desafío legal contra el plan de la administración Biden.
El litigio se centra en la alegación de los estados liderados por los republicanos de que el Departamento de Educación de EE.UU. de la administración se extralimitó en sus funciones legales al aplicar el plan de alivio de la deuda estudiantil. El plan en sí presentaba condiciones más favorables que los anteriores planes de reembolso basados en los ingresos, como la reducción de los pagos mensuales para los prestatarios cualificados y la condonación de la deuda después de 10 años para aquellos con saldos de capital originales de 12.000 dólares o menos.
El gobierno de Biden se había opuesto a la petición de los estados de una medida cautelar, afirmando que daría lugar a un aumento de los pagos mensuales para millones de personas y detendría cualquier condonación, incluso en virtud de las normas no impugnadas en el tribunal de primera instancia.
Anteriormente, el juez de distrito John Ross, de St. Louis, había impedido que la Administración siguiera condonando algunos préstamos de menor cuantía en tan sólo 10 años, lo que supone una desviación de los plazos de 20 ó 25 años establecidos por normas anteriores. El programa más amplio de 430.000 millones de dólares, que pretendía cancelar hasta 20.000 dólares de deuda de hasta 43 millones de estadounidenses, fue bloqueado por el Tribunal Supremo de EE.UU. en junio de 2023.
A pesar de los desafíos legales, la Casa Blanca había indicado que el Plan SAVE, que iba a entrar plenamente en vigor a partir del 1 de julio, beneficiaría a más de 20 millones de prestatarios. Según el Departamento de Educación, 8 millones de personas ya están inscritas, y 4,5 millones han visto reducidos a cero sus pagos mensuales. Hasta el jueves, el Departamento había desembolsado 5.500 millones de dólares en ayudas a 414.000 prestatarios en el marco del Plan SAVE.
La administración estimó que el plan costaría a los contribuyentes unos 156.000 millones de dólares a lo largo de una década. Sin embargo, los fiscales generales republicanos sostienen que el coste real podría rondar los 475.000 millones de dólares.
Otro juez federal de Kansas también había bloqueado partes del Plan SAVE, y aunque otro tribunal federal de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EE.UU., con sede en Denver, dejó en suspenso parte de esa decisión, los estados liderados por los republicanos han solicitado al Tribunal Supremo de EE.UU. que restablezca la medida cautelar.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.