El Tribunal Supremo de Georgia ha decidido no agilizar un recurso relativo a una sentencia que bloqueaba las nuevas normas electorales, percibidas como alteraciones de los procedimientos de votación del estado respaldadas por los republicanos. Esta decisión significa efectivamente que los cambios no se aplicarán a tiempo para las próximas elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.
Los jueces del tribunal se negaron por unanimidad a suspender la orden de un tribunal inferior que impedía la entrada en vigor de las nuevas normas y optaron por no acelerar el proceso de revisión del caso. Según un profesional del derecho implicado en el procedimiento, esto indica que probablemente no se alcance una resolución hasta el año que viene.
Las normas en cuestión, que fueron aprobadas por 3 votos a favor y 2 en contra por la junta electoral, habrían permitido a los miembros de la junta electoral del condado investigar las discrepancias en el número de votantes y de papeletas en cada distrito electoral. También habrían tenido autoridad para examinar un gran número de documentos relacionados con las elecciones antes de la certificación de los resultados electorales.
Estas regulaciones surgieron bajo la influencia de tres miembros de la junta que son aliados del expresidente estadounidense Donald Trump. Trump, que fue derrotado por el demócrata Joe Biden en Georgia durante las elecciones de 2020, ha hecho afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado. Algunos republicanos de alto rango han seguido evitando reconocer la legítima victoria electoral de Biden.
Georgia es uno de los siete estados cruciales que se prevé que desempeñen un papel importante a la hora de determinar el resultado de la carrera presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. El vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se decide en función de los resultados de cada estado y no de una mayoría nacional de voto popular.
El 16 de octubre, el juez Thomas Cox invalidó las nuevas normas, que los republicanos defendían como necesarias para la seguridad electoral, mientras que los demócratas argumentaban que estaban diseñadas para obstruir el proceso de certificación en un estado clave. El fallo de Cox afirmaba que las normas contradecían la legislación estatal vigente y que la junta se había extralimitado en su autoridad legal.
La adopción de las normas había suscitado críticas a ambos lados del espectro político. Eternal Vigilance Action, un grupo conservador, presentó la demanda el 11 de septiembre, afirmando que la junta de Georgia se había extralimitado en sus competencias legales al aplicar estos cambios.
El principal funcionario electoral de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, criticó las modificaciones de última hora de la junta, expresando su preocupación por que erosionaran la confianza de los votantes y supusieran una carga adicional para los trabajadores electorales.
Los estados están obligados a certificar los resultados de sus elecciones como parte del proceso para determinar el resultado oficial de unas elecciones presidenciales. La certificación confirma el recuento exacto de los votos. El debate sobre la certificación de las elecciones se ha intensificado desde enero de 2021, cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. Los demócratas acusan ahora a los republicanos de varios estados de intentar retrasar o impedir la certificación de los resultados de las votaciones que podrían ser desfavorables para Trump.
Reuters contribuyó a este artículo.
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