Japón está adoptando un enfoque más laissez-faire con respecto a sus pequeñas y medianas empresas (PYME), lo que supone un cambio significativo con respecto a su política económica tradicional. Altos funcionarios del gobierno han manifestado su voluntad de permitir la quiebra de las empresas con peores resultados, una medida destinada a revitalizar la economía del país fomentando empresas más productivas.
Durante décadas, el gobierno de Japón ha prestado un amplio apoyo para mantener a flote a las PYME, una práctica que ha dado lugar a un elevado número de empresas "zombis". Según Teikoku Databank, estas empresas, incapaces de hacer frente al pago de intereses durante un periodo prolongado, alcanzaron el año pasado la cifra de 251.000, lo que supone un récord de más de una década. Muchas de estas empresas han estado sobreviviendo gracias a la ayuda estatal y a una financiación casi gratuita, pero a medida que disminuyen las ayudas de la época de la pandemia y los tipos de interés experimentan su primera subida en 17 años, es inminente una sacudida.
Hitoshi Fujita, que dirige Sakai Seisakusyo, una empresa que ha contrarrestado la tendencia expandiéndose mediante adquisiciones, advierte de que si no hay más PYME que tomen medidas de este tipo, el legado manufacturero de Japón podría debilitarse. El gobierno, aunque no espera un cambio rápido, insta a un cambio mediante fusiones y adquisiciones en lugar de quiebras y despidos a gran escala. Con este fin, ha creado centros de ayuda para orientar a las pequeñas empresas en el proceso de fusión y adquisición.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha prometido seguir apoyando a las PYME con financiación y otras medidas, insistiendo en la necesidad de que las empresas mejoren su capacidad de generar ingresos mediante la inversión y el aumento de la productividad. El Ministerio reconoce un ligero repunte de las quiebras, que han vuelto a niveles anteriores a la pandemia, pero pretende evitar un nivel inadecuado que podría disparar las tasas de desempleo.
La nueva postura del gobierno, aunque no se ha declarado públicamente para evitar posibles reacciones violentas, forma parte de un esfuerzo más amplio por reorientar a los trabajadores y la inversión hacia empresas más productivas, impulsando así los salarios en un mercado laboral tenso. El primer ministro, Fumio Kishida, ha presionado a las empresas para que aumenten los salarios, lo que ha dado lugar este año a la mayor subida salarial en tres décadas.
El legislador Akira Amari, del gobernante Partido Liberal Democrático, ha criticado la visión de las PYME como beneficiarias de "políticas asistenciales", abogando en cambio por medidas que las ayuden a crecer en productividad y rentabilidad. Durante la pandemia, Japón gastó aproximadamente 400.000 millones de dólares en ayudas a las PYME, de los cuales una parte importante se destinó a préstamos "cero-cero". Sin embargo, el vencimiento de estos préstamos ha provocado un aumento de las quiebras: según Teikoku Databank, casi 5.000 empresas han quebrado en el primer semestre del año, la cifra más alta en diez años.
A pesar de la presión en favor del cambio, muchos empresarios dudan en subir los precios o realizar cambios drásticos, por miedo a la pérdida de clientes y a la responsabilidad de sus empleados. Sin embargo, algunas empresas familiares, como Izumiya Tokyoten, de Yukiko Izumi, están tomando medidas audaces para reducir costes, innovar y ampliar su base de clientes.
Según Yasushi Noro, presidente de NBC Consultants, a medida que Japón entra en una nueva era con tipos de interés al alza y un yen débil que incrementa los costes, las PYME que han confiado en los bajos tipos de interés se enfrentan a un modelo de negocio que se desmorona. El futuro de la economía japonesa depende ahora de lo bien que pueda navegar esta transición de la protección a la productividad.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.