La junta electoral del estado de Georgia, bajo control republicano, ha aprobado una nueva norma que ha suscitado preocupación entre los defensores del derecho al voto. La norma, aprobada el lunes, permite a los miembros de la junta electoral del condado investigar discrepancias en el recuento de papeletas antes de certificar los resultados de las elecciones. La junta, que incluye a tres miembros respaldados por el candidato presidencial republicano Donald Trump, aprobó la norma con una votación de 3-2.
La norma aborda el proceso de conciliación del número de papeletas emitidas con el número de votantes censados por distrito electoral. Aunque estos desajustes no suelen ser indicativos de fraude, la nueva norma podría permitir prolongar las investigaciones sobre estas discrepancias, lo que podría retrasar la certificación de las elecciones presidenciales de noviembre en Georgia.
Los activistas temen que esto pueda dar lugar a retrasos intencionados, especialmente en un estado que se considera un campo de batalla clave. Donald Trump, que ha hecho repetidas afirmaciones infundadas de fraude electoral, elogió a los miembros conservadores de la junta durante un mitin de campaña en Georgia a principios de agosto.
La introducción de la norma sigue a otra regulación reciente que exige una "investigación razonable" de las irregularidades antes de certificar los resultados, sin especificar qué se entiende por "razonable" ni fijar un plazo para la investigación. Los críticos sostienen que estas normas podrían ser aprovechadas por quienes niegan las elecciones para impugnar o rechazar la certificación de resultados con los que no están de acuerdo.
Nikhel Sus, abogado de la organización sin ánimo de lucro Citizens for Ethics and Responsibility (Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad) de Washington, expresó su preocupación por que las nuevas normas pudieran obstruir el proceso de certificación y dar lugar a disputas en el Congreso sobre los resultados electorales.
Por otro lado, los defensores de la norma argumentan que su objetivo es garantizar la exactitud de los resultados electorales. Hans von Spovosky, de la Heritage Foundation, defendió la norma durante la audiencia de la junta electoral, afirmando que se trataba de buena gobernanza y no de política.
El cambio de norma se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el proceso de certificación electoral, que antes de 2020 era en gran medida una formalidad. Desde entonces, miembros de las juntas electorales de varios condados de Georgia han impugnado la certificación, una tendencia que también se observa en otros estados disputados como Arizona y Michigan.
Además de la nueva norma, la junta está considerando una propuesta para un recuento manual obligatorio de las papeletas en cada distrito electoral después del cierre de las urnas, y se espera una decisión en septiembre.
El Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, se ha opuesto a estos cambios de última hora de la junta, advirtiendo de que podrían erosionar la confianza de los votantes y suponer una carga adicional para los trabajadores electorales. En su declaración de la semana pasada destacó el posible impacto negativo de estos ajustes de "última hora".
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.