Por Geoffrey Smith
Investing.com - La tardía conversión del presidente estadounidense Joe Biden a la idea de renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas Covid-19 es más una cuestión de estilo que de fondo, y el mundo probablemente debería dar gracias de que no sea más.
Su asesora comercial, Katharine Tai, indicó la semana pasada que Estados Unidos apoyará una exención "temporal" de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el Covid-19 en un intento de acelerar la campaña mundial para proteger a las personas contra la enfermedad.
Es un bonito gesto. Hace que Estados Unidos se parezca más a la imagen que tiene de sí mismo: una superpotencia noble y altruista capaz de resolver los mayores problemas del mundo, un verdadero líder mundial que antepone el bien de la humanidad a los beneficios de las compañías farmacéuticas.
Pero la Administración sabe que es poco probable que se convierta en realidad. Por un lado, la propuesta adoptada por Tai está siendo gestionada por la Organización Mundial del Comercio, que en este caso necesita el apoyo unánime de todos sus miembros. Tanto la UE como, después de alguna vacilación, el Reino Unido, han indicado que no apoyarán la idea.
Además, incluso aunque los europeos decidieran apoyarlo, algunas como Moderna (MX:MRNA) y Pfizer (NYSE:PFE) son más que capaces de retrasar el proceso en los tribunales estadounidenses, para quienes la protección de los derechos de propiedad es más importante que hacer quedar bien al Gobierno. Para cuando se despejen esos obstáculos, la pandemia podría haber terminado.
Como resultado, el Gobierno de Biden ha conseguido que se vea a los estadounidenses como los buenos y a los europeos como los malos y quisquillosos. El mundo, mientras tanto, sigue sufriendo.
No se puede negar la necesidad de desplegar las vacunas más rápido por todo el mundo. El mantra "nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo" es una exageración inane, pero en la medida en que el destino de la economía del primer mundo está estrechamente vinculado al de las economías emergentes, no puede haber una recuperación completa de la pandemia a menos que las economías india, africana, latinoamericana y del sudeste asiático puedan funcionar con normalidad.
Existe una necesidad real en la India, donde las cifras oficiales diarias de muertes de más de 4.000 casi con toda seguridad son sólo una parte de la cifra real, y en Sudáfrica. Esta última, en particular, está profundamente marcada por la renuencia de las compañías farmacéuticas occidentales a compartir sus medicamentos contra el VIH/SIDA de manera más caritativa en la década de 1990, durante una pandemia que se cobró más de 11 millones de vidas y arruinó muchas más.
Sin embargo, esos dos Gobiernos tampoco están libres de cargos de insinceridad, por lo que tienen que desviar la culpa de sud actuales problemas hacia otros países. Poco se habla de la decisión de la India de permitir mítines políticos masivos durante las campañas electorales estatales de este año, pero la verdad más condenatoria es que la India no ha utilizado sus dos décadas de vertiginoso crecimiento económico para mejorar su sistema de salud pública: el gasto en salud de la India cayó del más del 4% del PIB de 2000 a apenas el 3,5% en el último año completo antes del Covid. Durante ese tiempo, ha destinado mucho dinero tanto a armas nucleares como a un programa espacial propio.
Pero incluso cuando se dejan de lado cuestiones como la equidad mundial entre ricos y pobres, los argumentos a favor de las exenciones de propiedad intelectual no son convincentes. Los problemas de trombos provocados por las vacunas de AstraZeneca (LON:AZN) y Johnson &Johnson son un recordatorio de lo fácilmente que puede convertirse el triunfo en algo cercano al desastre en el mundo del desarrollo de fármacos.
La industria farmacéutica rusa ya ha demostrado que no puede fabricar la vacuna Sputnik con estándares coherentes, pues ha enviado lotes defectuosos a Eslovaquia y otros lugares. Informes de Brasil a las Seychelles sugieren que la vacuna contra el Covid-19 de Sinopharm es, a todos los efectos, ineficaz.
Fabricar vacunas es difícil. Permitir a las empresas de todo el mundo con —por decirlo suavemente— competencias desiguales de fabricación lanzar versiones imitadoras de medicamentos cuyo proceso de aprobación ha sido claramente precipitado es una capa más de riesgo injustificable.
Y los riesgos de un despliegue fallido de medicamentos imitadores no deben pasarse por alto. Hay serias dudas acerca de que se han tomado atajos en el proceso de autorización de las vacunas contra el Covid, y sobre las motivaciones de los Gobiernos que han supervisado el proceso. Esas dudas ya se han extendido mucho más allá de los márgenes de la opinión pública. Un gran revés con los medicamentos contra el Covid-19 podría hacer que la negativa a la vacunación se generalice durante años y legitimar la teoría de la conspiración en otros ámbitos.
Las protecciones de la propiedad intelectual existen por dos razones: garantizar que los inventores puedan cosechar la recompensa adecuada por su ingenio y, por lo tanto, incentivar la próxima generación de inventores; y garantizar que las nuevas tecnologías que benefician a la sociedad se ofrezcan de manera que no menoscaben esos beneficios. Son dos enormes bienes públicos. Su coste son las superganancias que están acumulando ahora Moderna y BioNTech. Puede que no sea del gusto de todos, pero negarles su recompensa sólo significará que la próxima vez que el mundo necesite un medicamento milagroso a toda prisa, el carísimo departamento de I+D necesario para desarrollarlo no estará ahí.
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