Manuel Bartlett le puso una cifra al valor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Vale 34 veces más que las inversiones de las empresas privadas que participan en el sector eléctrico de México, advirtió el director general de la empresa estatal durante su participación en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir el planteamiento de la reforma eléctrica.
El político mexicano dijo que la CFE vale US$370.000 millones, mientras que los desembolsos privados ascienden a US$44.000 millones, pero solo US$11.000 millones son con capital propio, mientras que el resto viene de la banca de desarrollo, Afores y la banca mexicana.
“Con US$11.000 millones, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia estableciendo monopolios privados”, señaló el directivo.
Bloomberg Línea consultó a CFE sobre la valuación de la compañía, pero no obtuvo respuesta inmediata.
Bartlett Díaz dijo que el sector privado privado ya recuperó a la fecha US$22.000 millones de la inversión que han realizado en el país.
Incluso dijo que el exembajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, quien hoy es vicepresidente senior de Energía global y asuntos internacionales de la firma IHS Markit, estimó ante el Congreso de Estados Unidos que el valor del mercado eléctrico mexicano era de US$524.000 millones.
Reforma eléctrica: la disputa por el negocio de la energía en México
Bartlett dijo que sin reforma eléctrica los mexicanos no podrían ni siquiera pelear sus tarifas de energía, debido a que los dueños de las empresas extranjeras son fondos internacionales a los que calificó como un “poder oculto”.
“Las empresas privadas que no son los dueños, sino los fondos internacionales, es una dominación oculta ¿cómo van a cuidar sus tarifas para ser competitivos?”, agregó
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso una iniciativa de reforma a finales de 2021 para darle el control del sector eléctrico a CFE y así permitirle generar el 54% de la energía, mientras que las empresas se ocuparían del 46% restante, además de cancelar todos los contratos, permisos y certificados eléctricos.
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