Infosel, agosto. 4.- Un grupo de inversionistas mexicanos encabezados por el empresario mexicano Antonio del Valle, presentó un recurso de apelación contra en fallo que provocó la pérdida del interés que ostentaban en el Banco Popular (MC:POP) Español, el otrora sexto mayor banco del país ibérico, reportó el diario español Expansión.
La resolución del Fondo Único de Resolución (FUR), un mecanismo europeo encargado de financiar entidades bancarias en peligro de inviabilidad, es ilegal, ya que Popular atravesaba por un problema de liquidez y no de insolvencia, de acuerdo con el recurso interpuesto por los abogados del empresario mexicano y citado por el medio español.
Del Valle y los demás inversionistas, que poseían el 4.3% de Popular al momento de la resolución de FUR, presentaron el recurso mediante el despacho de abogados estadounidense Ontier Kirkland & Ellis ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la entidad que vigila que la legislación de la Unión Europea se aplique de forma correcta en todos los países que la componen, agregó Expansión.
Una vez que el tribunal europeo acepte a trámite la apelación, la resolución podría tardar hasta dos años, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por el diario ibérico.
La resolución del Fondo Único de Resolución (FUR), un mecanismo europeo encargado de financiar entidades bancarias en peligro de inviabilidad, es ilegal, ya que Popular atravesaba por un problema de liquidez y no de insolvencia, de acuerdo con el recurso interpuesto por los abogados del empresario mexicano y citado por el medio español.
Del Valle y los demás inversionistas, que poseían el 4.3% de Popular al momento de la resolución de FUR, presentaron el recurso mediante el despacho de abogados estadounidense Ontier Kirkland & Ellis ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la entidad que vigila que la legislación de la Unión Europea se aplique de forma correcta en todos los países que la componen, agregó Expansión.
Una vez que el tribunal europeo acepte a trámite la apelación, la resolución podría tardar hasta dos años, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por el diario ibérico.