El gobierno de Biden se ha mostrado neutral en las actuales negociaciones laborales en los puertos de la costa este y el golfo de EE.UU., según un funcionario. A medida que se acerca la fecha límite para una posible huelga el 1 de octubre, la administración no ha tomado medidas para negociar un acuerdo entre el sindicato International Longshoremen's Association (ILA) y la United States Maritime Alliance (USMX).
La ILA, que representa a 45.000 trabajadores, se encuentra en un punto muerto con la USMX por cuestiones salariales, ya que el contrato actual expira el 30 de septiembre. Los puertos afectados, que incluyen centros importantes como Nueva York, Nueva Jersey, Houston y Savannah (Georgia), son fundamentales para las cadenas de suministro del país, ya que gestionan aproximadamente la mitad de las importaciones marítimas de Estados Unidos.
Una huelga podría tener repercusiones significativas, agravando los retrasos y los costes dentro de las ya tensas cadenas de suministro. Esto se produce en un momento en que el país se enfrenta al aumento de los costes de productos básicos como la alimentación, la vivienda y la atención sanitaria, que son cuestiones clave en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
La USMX, entre cuyos miembros figuran importantes empresas del sector, como Maersk (CSE:MAERSKa), transportista de contenedores y propietario de terminales, confirmó que organismos federales, como el Departamento de Trabajo y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, se habían puesto en contacto con el grupo de empresarios. Este contacto fue corroborado por varios medios de comunicación.
El portavoz de la Administración aclaró el martes que el Secretario de Trabajo en funciones suele mantenerse en contacto con ambas partes negociadoras, pero subrayó que la participación directa en las negociaciones sólo se produciría si tanto el sindicato como la patronal le invitaban a ello.
Además, la Administración ha declarado que el Presidente Biden no tiene previsto recurrir a la Ley Taft-Hartley para impedir una huelga. Esto contrasta con las negociaciones portuarias de la Costa Oeste del año pasado, en las que Biden envió a la Secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su, para facilitar las discusiones, lo que dio lugar a un aumento salarial significativo durante la vigencia del nuevo contrato para los trabajadores implicados.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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