Infosel, agosto. 8.- La investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica sobre las presuntas irregularidades en la compra de Grupo Comercial e Industrial Marzam por parte del fondo de inversión holandés Moench Coöperatief, sigue recibiendo obstáculos en los tribunales judiciales.
Ahora, fue la propia Marzam quien acudió a las instancias judiciales para buscar protección contra la pesquisa de Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de investigar y sancionar las prácticas monopólicas en México.
La compañía distribuidora de medicamentos buscó un amparo en contra de algunos requerimientos de información que le envió Cofece como parte de su pesquisa, e incluso una multa que esa dependencia le impuso por aparentemente no cumplir con la entrega de esos documentos.
La multa impuesta podría ir hasta por tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada día que transcurriera sin que Marzam diera cumplimiento al requerimiento de información, lo que equivale a 226 mil 470 pesos (12 mil 581.7 dólares).
Sin embargo, el juzgado segundo especializado en competencia económica determinó que el recurso era improcedente ya que se trata de actuaciones que Cofece realiza como parte del proceso y, por ley, las empresas y personas solo pueden ampararse contra las sanciones y conclusiones que la Comisión determina al final de sus procedimientos.
"Es improcedente el amparo en contra del oficio de requerimiento y del acuerdo de imposición de multa, porque el primero se trata de un acto eminentemente procesal y el segundo se traduce en un mero acto de trámite que solo calificó y ponderó la actitud adoptada por la quejosa ante el requerimiento efectuado por la autoridad", dijo la jueza Silvia Cerón Fernández, en la sentencia.
De ahí que Marzam escaló la demanda de amparo en contra del fallo de la jueza ante un tribunal especializado en competencia económica. Esa instancia admitió el recurso y éste ahora se encuentra bajo revisión, por lo que la empresa esperará un fallo en los próximos meses.
Por otra parte, el abogado Luis Doporto Alejandre sufrió un revés similar por parte de las autoridades judiciales.
La misma jueza titular del Juzgado Segundo especializado en competencia económica en la Ciudad de México falló en contra de un amparo que interpuso contra las actuaciones de Cofece y una multa por no entregar un requerimiento de información.
Algunos de esos requerimientos de información quedaron registrados en las cinco notificaciones que Cofece ha enviado a Doporto desde mediados de junio del año pasado.
En este caso, Doporto también escaló la demanda ante el primer tribunal especializado en competencia económica con sede en la capital del país, y éste desechó el recurso y confirmó la sentencia original de la jueza.
"No le asiste la razón a la recurrente en lo alegado en sus agravios, y se considera que la actuación y determinación de la Juez A quo fue conforme a derecho", dijo el tribunal en su sentencia. "Se desecha la demanda de amparo y la ampliación a la misma promovida por Luis Doporto Alejandre".
Infosel buscó a Marzam y a Doporto para obtener su postura sobre esos fallos, pero hasta ahora no ha podido contactarlos. Cofece, por su parte, dijo que era respetuosa de los procedimientos del poder judicial y declinó ofrecer mayores comentarios.
Así, Cofece vuelve a batalla judicial en su investigación sobre las aparentes irregularidades de la venta que Genomma Lab (MX:LABB) Internacional hizo del control de su filial Marzam al fondo holandés Moench Coöperatief hace dos años.
Esa transacción fue avalada por Cofece en septiembre de 2015, pero cerca de siete meses después la operación levantó sospechas luego de que el portal AristeguiNoticias reveló que la compra fue financiada por Marina Matarazzo, esposa Pablo Escandón, el presidente y dueño de Nadro, una empresa con la que Marzam compite en el mercado de distribución de medicinas en México.
AristeguiNoticias llegó a esa conclusión gracias a una filtración de documentos que tenía el despacho panameño Mossack Fonseca, en el caso conocido como Panama Papers.
De acuerdo con el reporte, Doporto asesoró a Escandón y Matarazzo para adquirir a su competidora Marzam a través de estructuras offshore, como se conoce a los esquemas mediante los cuales una empresa realiza su constitución legal en un país que no le cobra impuestos.
Esa información, que no conocía Cofece cuando avaló la operación, dejó entrever que Nadro podría obtener una participación dominante del mercado en el que opera con la compra de Marzam, de ahí que el regulador antimonopolios iniciara de nuevo una investigación sobre el caso.
Desde entonces, Cofece ha venido librando batallas judiciales contra amparos promovidos contra su pesquisa, aunque hasta ahora ha salido bien librada.
Los tribunales han fallado en contra de los amparos interpuestos por Matarazzo, Nadro o la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, conocida como Diprofar.
Cofece aún no ha concluido su investigación, aunque denunció el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras considerar que las empresas podrían haber incurrido en faltas penales.
Ahora, fue la propia Marzam quien acudió a las instancias judiciales para buscar protección contra la pesquisa de Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de investigar y sancionar las prácticas monopólicas en México.
La compañía distribuidora de medicamentos buscó un amparo en contra de algunos requerimientos de información que le envió Cofece como parte de su pesquisa, e incluso una multa que esa dependencia le impuso por aparentemente no cumplir con la entrega de esos documentos.
La multa impuesta podría ir hasta por tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada día que transcurriera sin que Marzam diera cumplimiento al requerimiento de información, lo que equivale a 226 mil 470 pesos (12 mil 581.7 dólares).
Sin embargo, el juzgado segundo especializado en competencia económica determinó que el recurso era improcedente ya que se trata de actuaciones que Cofece realiza como parte del proceso y, por ley, las empresas y personas solo pueden ampararse contra las sanciones y conclusiones que la Comisión determina al final de sus procedimientos.
"Es improcedente el amparo en contra del oficio de requerimiento y del acuerdo de imposición de multa, porque el primero se trata de un acto eminentemente procesal y el segundo se traduce en un mero acto de trámite que solo calificó y ponderó la actitud adoptada por la quejosa ante el requerimiento efectuado por la autoridad", dijo la jueza Silvia Cerón Fernández, en la sentencia.
De ahí que Marzam escaló la demanda de amparo en contra del fallo de la jueza ante un tribunal especializado en competencia económica. Esa instancia admitió el recurso y éste ahora se encuentra bajo revisión, por lo que la empresa esperará un fallo en los próximos meses.
Por otra parte, el abogado Luis Doporto Alejandre sufrió un revés similar por parte de las autoridades judiciales.
La misma jueza titular del Juzgado Segundo especializado en competencia económica en la Ciudad de México falló en contra de un amparo que interpuso contra las actuaciones de Cofece y una multa por no entregar un requerimiento de información.
Algunos de esos requerimientos de información quedaron registrados en las cinco notificaciones que Cofece ha enviado a Doporto desde mediados de junio del año pasado.
En este caso, Doporto también escaló la demanda ante el primer tribunal especializado en competencia económica con sede en la capital del país, y éste desechó el recurso y confirmó la sentencia original de la jueza.
"No le asiste la razón a la recurrente en lo alegado en sus agravios, y se considera que la actuación y determinación de la Juez A quo fue conforme a derecho", dijo el tribunal en su sentencia. "Se desecha la demanda de amparo y la ampliación a la misma promovida por Luis Doporto Alejandre".
Infosel buscó a Marzam y a Doporto para obtener su postura sobre esos fallos, pero hasta ahora no ha podido contactarlos. Cofece, por su parte, dijo que era respetuosa de los procedimientos del poder judicial y declinó ofrecer mayores comentarios.
Así, Cofece vuelve a batalla judicial en su investigación sobre las aparentes irregularidades de la venta que Genomma Lab (MX:LABB) Internacional hizo del control de su filial Marzam al fondo holandés Moench Coöperatief hace dos años.
Esa transacción fue avalada por Cofece en septiembre de 2015, pero cerca de siete meses después la operación levantó sospechas luego de que el portal AristeguiNoticias reveló que la compra fue financiada por Marina Matarazzo, esposa Pablo Escandón, el presidente y dueño de Nadro, una empresa con la que Marzam compite en el mercado de distribución de medicinas en México.
AristeguiNoticias llegó a esa conclusión gracias a una filtración de documentos que tenía el despacho panameño Mossack Fonseca, en el caso conocido como Panama Papers.
De acuerdo con el reporte, Doporto asesoró a Escandón y Matarazzo para adquirir a su competidora Marzam a través de estructuras offshore, como se conoce a los esquemas mediante los cuales una empresa realiza su constitución legal en un país que no le cobra impuestos.
Esa información, que no conocía Cofece cuando avaló la operación, dejó entrever que Nadro podría obtener una participación dominante del mercado en el que opera con la compra de Marzam, de ahí que el regulador antimonopolios iniciara de nuevo una investigación sobre el caso.
Desde entonces, Cofece ha venido librando batallas judiciales contra amparos promovidos contra su pesquisa, aunque hasta ahora ha salido bien librada.
Los tribunales han fallado en contra de los amparos interpuestos por Matarazzo, Nadro o la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, conocida como Diprofar.
Cofece aún no ha concluido su investigación, aunque denunció el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras considerar que las empresas podrían haber incurrido en faltas penales.