por Patricia Guerrero Medina
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Infosel, junio. 27.- La decisión de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica perteneciente al gobierno de México, de iniciar un arbitraje contra Infraestructura Energética Nova por el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, prendió focos rojos entre la iniciativa privada, en medio de los problemas de escasez de gas natural que existe en algunas regiones del país.
El Consejo Coordinador Empresarial o CCE, a organización empresarial más importante de México, externó sus preocupación por el freno al inicio de operación del ducto, cuya construcción fue concluida este mes por el consorcio formado IEnova, como también se conoce a la empresa privada de logística de hidrocarburos más grande de México, y su socia, la canadiense TC Energy --antes TransCanada--.
"Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes", dijo el organismo, en un comunicado. "Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y los mexicanos".
Aunado a la incertidumbre para los inversionistas, detener la puesta en marcha del gasoducto también dificulta solucionar el problema de escasez de gas natural que afecta algunas partes del país, especialmente del sureste, que ha mermado la operación de industrias como la petroquímica, turística y hotelera, entre otras, agregó la organización.
Ejemplo de ello es la escasez en la península de Yucatán, lo que incluso llevó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado del mercado eléctrico mayorista, a alertar de posibles fallas eléctricas en la región, aunque después reculó.
El posicionamiento de CCE secundó al hecho horas antes por Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), la organización que vela por los intereses de los industriales del país, quienes llamaron a las autoridades mexicanas a poner el marcha el gasoducto.
Para los industriales, el arranque de operaciones del ducto permitiría transportar hasta dos mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural en beneficio de la industria en el centro y sur del país.
El gasoducto está en la mira de CFE por considerar que el contrato, firmado entre las empresas y la administración anterior, contiene cláusulas abusivas, las cuales busca modificar con el procedimiento de arbitraje promovido en su contra.
Para iniciar operaciones, el ducto, 772 kilómetros de longitud y 42 pulgadas de diámetro, requiere de una constancia de aceptación del proyecto emitida por CFE, lo que no ha ocurrido pese a que el inicio del arbitraje no lo impide.
Algunos expertos prevén que la obra de infraestructura, que requirió una inversión superior a dos mil 500 millones de dólares, no entrará en funcionamiento, al menos en el corto plazo.
"Una resolución rápida parece poco probable", escribieron en un reporte Nikolaj Lippmann y Alejandra Obregón, analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) Casa de Bolsa, quienes agregaron que cuando el consorcio obtenga la certificación podrá recibir pagos anuales que los especialistas estimaron en 400 millones de dólares.
Alejandro Chavelas, analista de Actinver Casa de Bolsa, coincidió con Morgan Stanley e incluso agregó que el inicio de operaciones del gasoducto podría retrasarse hasta el primer trimestre de 2020.
"El proceso de negociación podría durar una cantidad significativa de tiempo, considerando que el proceso de arbitraje parece estar vinculado a la puesta en marcha del proyecto", explicó en un reporte por separado, en el que también informó de la baja de a IEnova, que pasó de "compra" a mantener".
Mientras, IEnova resintió en bolsa por segundo día consecutivo las consecuencias del procedimiento iniciado por CFE, que también promovió uno contra Grupo Carso, el mayor conglomerado del país.
La caída del jueves, de 4.9%, fue la más pronunciada para las 35 empresas que componen el S&P/BMV IPC --que a su vez cayó 1.1%--. El cierre de 73.04 pesos es el más bajo en casi cuatro meses, o desde que cerró en 73 pesos el 5 de marzo.
Si a la caída de hoy se suma la del día anterior, cuando hizo público el arbitraje, la caída de IEnova en dos días es de 9.6%, con lo que prácticamente revirtió el avance de 9.8% que llevaba en 2019.
