Una coalición de 14 fiscales generales republicanos, encabezada por Arkansas e Indiana, ha emprendido acciones legales contra la Comisión Federal de Comunicaciones ( FCC (BME:FCC)). La demanda, presentada el miércoles, impugna la decisión adoptada en junio por la FCC de reducir significativamente el coste de las llamadas telefónicas de los reclusos en las prisiones y cárceles de Estados Unidos.
Los estados demandantes alegan que la decisión de la FCC limita indebidamente el importe que puede cobrarse por las llamadas telefónicas a los reclusos. Alegan que este tope socava los recursos financieros de los centros penitenciarios, que dependen de estos fondos para mitigar riesgos y ayudar en investigaciones criminales.
En respuesta a las preocupaciones sobre los elevados costes impuestos a las familias de los reclusos, la Presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, defendió en junio la nueva norma. Afirmó que la normativa pretendía abordar "las tarifas desmesuradas que las familias de los encarcelados pagan por las comunicaciones", destacando el compromiso de la comisión con la equidad y la carga financiera que soportan estas familias.
La impugnación legal representa un importante contraataque de los Estados al intento de la agencia federal de hacer más asequibles las comunicaciones con los reclusos. El resultado de la demanda podría tener implicaciones tanto para las operaciones financieras de los centros penitenciarios como para la capacidad de los reclusos de mantener el contacto con sus seres queridos.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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