por Michelle del Campo
Infosel, mayo. 27.- Megacable, un operador mexicano de telecomunicaciones, alertó sobre la obstaculización de sus operaciones en el municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, debido a lo que calificó de abusos coercitivos e intentos de extorsión por parte de la administración municipal encabezada por Jaime Ramírez Tovar.
Ante esta situación, la compañía, con sede en Guadalajara, obtuvo de un juez la suspensión de los actos del gobierno municipal en su contra, pero a pesar de ello, éstos han continuado, mediante acciones como la detención de 11 vehículos propiedad de la empresa, explicó la compañía, en un desplegado.
"Es de resaltar que hasta el momento las acciones de las autoridades municipales han sido con total impunidad, por lo que Megacable está convencida que este tipo de conductas, tendencias caprichosas e ilegales, no corresponden a un México en el que se debe actuar en un marco de derecho y honestidad", dijo la empresa, en el desplegado.
Megacable pidió públicamente detener definitivamente los actos de coerción que iniciaron en diciembre del 2020, cuando Ramírez Tovar asumió el gobierno municipal tras ser elegido en las urnas representando una alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El operador de telecomunicaciones hizo el llamado al Poder Judicial, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, al gobernador de Hidalgo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, aplicar la ley y el estado de derecho, respetar las resoluciones judiciales, así como la devolución de sus vehículos y el castigo a los culpables.
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Infosel, mayo. 27.- Megacable, un operador mexicano de telecomunicaciones, alertó sobre la obstaculización de sus operaciones en el municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, debido a lo que calificó de abusos coercitivos e intentos de extorsión por parte de la administración municipal encabezada por Jaime Ramírez Tovar.
Ante esta situación, la compañía, con sede en Guadalajara, obtuvo de un juez la suspensión de los actos del gobierno municipal en su contra, pero a pesar de ello, éstos han continuado, mediante acciones como la detención de 11 vehículos propiedad de la empresa, explicó la compañía, en un desplegado.
"Es de resaltar que hasta el momento las acciones de las autoridades municipales han sido con total impunidad, por lo que Megacable está convencida que este tipo de conductas, tendencias caprichosas e ilegales, no corresponden a un México en el que se debe actuar en un marco de derecho y honestidad", dijo la empresa, en el desplegado.
Megacable pidió públicamente detener definitivamente los actos de coerción que iniciaron en diciembre del 2020, cuando Ramírez Tovar asumió el gobierno municipal tras ser elegido en las urnas representando una alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El operador de telecomunicaciones hizo el llamado al Poder Judicial, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, al gobernador de Hidalgo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, aplicar la ley y el estado de derecho, respetar las resoluciones judiciales, así como la devolución de sus vehículos y el castigo a los culpables.
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