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México bloquea plantas solares y eólicas europeas para favorecer a empresas públicas

Publicado 14.07.2022, 07:39
Actualizado 14.07.2022, 07:40
México bloquea plantas solares y eólicas europeas para favorecer a empresas públicas

México bloquea plantas solares y eólicas europeas para favorecer a empresas públicas

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha bloqueado a empresas extranjeras como la francesa Engie (EPA:ENGIE), la italiana Enel (BIT:ENEI) y la española Acciona (BME:ANA) Energia a que operen plantas eólicas y solares, a medida que el gobierno busca concentrar la energía en manos de las empresas públicas.

De acuerdo con Bloomberg, al menos una docena de proyectos fotovoltaicos y de energía eólica por un total de más de 1,500 megavatios se han construido y están listos para operar en México, sin embargo, la CRE aún debe aprobar las modificaciones a sus permisos.

Por ejemplo, las tres plantas terminadas de Enel, Amistad II, III y IV en el estado de Coahuila, que suman una inversión de 507 millones de dólares, aún están esperando los permisos para iniciar la operación comercial.

Las razones por las que estas plantas no han recibido dichos permisos deberían ser consultadas al regulador de energía

dijo un portavoz de la empresa por correo electrónico.

Enel ha estado esperando durante dos años para que proceda la aprobación.

No dejes de leer: CFE elevó 31% la generación de energía en 2021; recupera electricidad que dejó de producir en la pandemia

AMLO ve a industria privada como una amenaza Si bien a nivel mundial la transición para alejarse de los combustibles fósiles está ocurriendo a un ritmo acelerado; el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ve a la industria privada de energías renovables como una amenaza para su política energética.

Además de los retrasos en los permisos, AMLO modificó la ley en 2021 para permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prioridad para sus plantas hidroeléctricas y térmicas envejecidas en la red eléctrica, mientras que los proyectos eólicos y solares de propiedad privada llegarán más tarde.

El costo de inversión por megavatio de capacidad instalada asciende a más de 1,770 millones de dólares, según estimaciones de la industria de 800 mil dólares por megavatio para energía fotovoltaica y 1.5 millones de dólares por megavatio para energía eólica.

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Cambios legales en materia energética La oposición de empresas, activistas climáticos y legisladores ha sido fuerte; mientras que los cambios legales propuestos por AMLO se han visto envueltos en amparos de tribunales especializados.

Si bien la ley de marzo de 2021 fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de este año, la mayoría de los magistrados votaron en contra de sus artículos fundamentales, sentando un precedente importante para las empresas que buscan emprender acciones legales.

Las plantas Akin Solar y Nueva Xcala de Engie en Sonora y Tlaxcala, respectivamente, están a la espera de la modificación de los permisos, al igual que el proyecto eólico San Carlos de Acciona Energia en Tamaulipas.

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Iberdrola (BME:IBE), la más afectada Este mes, la empresa española Iberdrola también enfrentó obstáculos de la CRE, que notificó a la empresa que un parque eólico que ya estaba en funcionamiento en el estado de Guanajuato tendría que solicitar un nuevo permiso para continuar.

El parque eólico recibió un permiso en 2015 para operar en el estado de San Luis Potosí, pero después de que Iberdrola descubriera que el terreno ya estaba alquilado a un tercero, la empresa trasladó la planta al otro lado de la frontera estatal a Guanajuato.

Hace tres años, Iberdrola solicitó modificar el permiso, pero esa solicitud fue rechazada en marzo.

Por otra parte, Iberdrola fue multada con 9,000 millones de pesos (equivalente a 435,3 millones de dólares) por presuntamente violar los términos de un contrato de autoabastecimiento. Sin embargo, la multa fue suspendida recientemente por un juez.

La central eléctrica de ciclo combinado de la compañía en el estado de Nuevo León permanece cerrada en medio de una batalla legal luego de que la CRE rechazara la solicitud de Iberdrola para modificar su permiso.

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