por Fernanda Celis
Infosel, junio. 8.- Cuando México comenzó a elaborar reglas de operación para las empresas financieras de nueva generación que ofrecen sus servicios de forma nativa a través de internet y por lo tanto al margen de las grandes instituciones, se convirtió en un pionero para una industria que para ese entonces era etérea en América Latina, pero que creció a pasos agigantados en los últimos años.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que es mejor conocida como Ley Fintech, entró en vigor en 2018 y abrió camino para que otros países de la región siguieran los mismos pasos. Dista de ser perfecta, queda claro que hay varios aspectos que podrían ser mejorados y que se hicieron evidentes a lo largo de la pandemia, cuando aumentó la necesidad de servicios tecnológicos, en particular para nichos desatendidos por la banca tradicional.
"Aún hay mucho que hacer, pero creo que hay que darle al 'César lo que es del César'", opinó Arnoldo Reyes, vicepresidente de alianzas estratégicas, fintech y desarrollo de negocios en América Latina y el Caribe de Visa (NYSE:V). "México fue el primer país en América Latina en crear un marco regulatorio conocido como la ley fintech y eso trae hasta cierto punto un nivel de confianza del público en general que estas empresas a las que le estás dando tu información personal o que está manejando tus transacciones financieras estén reguladas y supervisadas".
La Ley Fintech está concebida para regular aquellas empresas que no tienen una licencia de entidad financiera como banca, casa de bolsa o cualquier otra, pero que ofrecen servicios relativamente nuevos, como el financiamiento colectivo, o de crowdfunding, así como las de fondo de pago electrónico, también conocidas como wallets o monederos electrónicos, que pueden usarse para hacer compras, pagos, envíos de dinero digitalmente y realizar domiciliaciones de servicios como telefonía, luz, agua, entre otros.
Incluso esta legislación tiene un apartado que contempla "modelos novedosos" que aún no están definidos.
Claro que, como cualquier otra ley a cumplir en el país, la Ley Fintech puede ser víctima de burocracia que ralentice la aprobación de solicitudes.
Para Andrés Fonato, cofundador y managing partner de Finnovista, una empresa de innovación y de construcción de startups, se necesita mayor agilidad por parte del propio regulador al momento de aprobar o negar las solicitudes, ya que la lista de empresas que solicitan la licencia que les permita operar servicios financieros bajo la reglamentación confeccionada para las fintechs es más larga que la de empresas aprobadas.
En mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio su visto bueno a cuatro entidades para operar como fintechs a toda ley, entre ellas Albo, una aplicación que permite recibir y transferir dinero, para operar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) ante dicha regulación.
De igual manera, el 11 de mayo, la CNBV, mediante la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la organización y operación como institución de financiamiento colectivo a Red Girasol y a Yo Te Presto, mientras que Mercado Libre recibió la aprobación como wallet.
Pese a esas aprobaciones, tras cuatro años de vigencia de la Ley Fintech, solo hay tres decenas de empresas aprobadas y aún hay alrededor de medio centenar de empresas pendientes por recibir la autorización.
No está claro cuál es el motivo que a ojos de los impulsores de este tipo de financieras nuevas el regulador tarde en dar su visto bueno, sin embargo, para muchos la CNBV tuvo una fuga de talentos al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con la sola intención de reducir salarios y prestaciones a funcionarios relevantes, lo que empeoró cuando el presidente buscó prohibir que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada hasta 10 años después de su salida del gobierno.
La Comisión, además, lleva tres cambios de presidente en los tres años y medio del sexenio de López Obrador, cuando en las cuatro administraciones anteriores la CNBV sumó seis presidentes.
Las trabas para las fintech también sucedieron a partir de retrasos regulatorios. Pese a que la Ley Fintech se aprobó en 2018, el nuevo reglamento interior de la CNBV, que marca una nueva estructura para facilitar la labor de supervisión de la Comisión en el sector fintech y suma un Comité Interinstitucional en los términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta febrero de 2022.
Claro que, e pesar de que aparentemente el regulador va tomando su tiempo para las autorizaciones, algunas de las empresas fintech aprobadas ya han tenido problemas en el camino, lo que es un indicativo de que a la par de las necesidades de los emprendimientos la ley debe estar adecuada a los problemas que pueden surgir en empresas con los nuevos servicios financieros.
Por ejemplo Play Business, una plataforma de crowdfunding que organiza financiamiento para empresas que a cambio ofrecen un porcentaje de las ganancias futuras, registró incumplimientos por parte de varias empresas que se fondearon a través de la plataforma, por lo que tuvo que actualizar los contratos bajo escenarios de riesgo derivados de la pandemia. La firma aún arrastra reestructuras con seis empresas y recién en octubre de 2021 recibió su licencia definitiva como Institución de Financiamiento Colectivo bajo el amparo de la Ley Fintech.
Para Fontao, de Finnovista, es necesario que la ley contemple perfiles y tamaños de las fintechs a la hora de relajar o endurecer los requisitos para cada caso, sobre todo porque a ojos de este sector estandarizar los requisitos para todo el universo de financieras los pone en desventaja.
"Una fintech en un estado temprano no debería estar sometida a los mismos requisitos que un banco líder en el mercado mexicano", dijo.
Aunque la banca tradicional tiene su propio punto de vista.
Durante 2021, en medio del boom tecnológico dado los cambios de hábito de muchos mexicanos ante las medidas de confinamiento por la contingencia sanitaria, algunos bancos tradicionales pidieron que las empresas fintech cumplieran con la regulación para evitar riesgos de seguridad, algo que desde su perspectiva crea competencia desleal.
"Y de cara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, es un elemento que también creemos que es importante y es muy bueno, tanto para el sector fintech como para el sector bancario que aquellos participantes que estén haciendo operaciones que vinculen al sector financiero, tengan la misma regulación y el mismo piso parejo, porque creemos que es bueno al sistema", dijo Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en una videoconferencia el 17 de noviembre, donde también señaló la importancia de que estas empresas transparenten el costo anual total que pagan los usuarios.
Para Rocío Robles, quien fue encargada de la supervisión de instituciones de tecnología financiera y modelos novedosos en la CNBV y ahora es socia de Tenet Consultores, una consultoría para el sector financiero, es justificado que exista una regulación distinta, pues los modelos que están regulados en la Ley Fintech son distintos al de los bancos.
Mientras tanto, la legislación tiene otros frentes por cubrir y en los que va atrasada, como lo relacionado en materia de open banking --el intercambio de datos y servicios entre las instituciones financieras y proveedores terceros--y en open finance --que incluye otras entidades financieras como las plataformas de inversión, seguros o pensiones.
"En Latinoamérica, la regulación del open banking ha evolucionado de forma irregular en los distintos países. Mientras que en Brasil las fases se han implementado rápidamente, en otras regiones México y Colombia aún se espera al desarrollo que obligue a las instituciones a abrir sus datos a terceros mediante APIs [interfaz de programación de aplicaciones]", de acuerdo con una publicación del 30 de mayo de Belvo, que permite compartir datos financieros con aplicaciones en toda América Latina.
Infosel, junio. 8.- Cuando México comenzó a elaborar reglas de operación para las empresas financieras de nueva generación que ofrecen sus servicios de forma nativa a través de internet y por lo tanto al margen de las grandes instituciones, se convirtió en un pionero para una industria que para ese entonces era etérea en América Latina, pero que creció a pasos agigantados en los últimos años.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que es mejor conocida como Ley Fintech, entró en vigor en 2018 y abrió camino para que otros países de la región siguieran los mismos pasos. Dista de ser perfecta, queda claro que hay varios aspectos que podrían ser mejorados y que se hicieron evidentes a lo largo de la pandemia, cuando aumentó la necesidad de servicios tecnológicos, en particular para nichos desatendidos por la banca tradicional.
"Aún hay mucho que hacer, pero creo que hay que darle al 'César lo que es del César'", opinó Arnoldo Reyes, vicepresidente de alianzas estratégicas, fintech y desarrollo de negocios en América Latina y el Caribe de Visa (NYSE:V). "México fue el primer país en América Latina en crear un marco regulatorio conocido como la ley fintech y eso trae hasta cierto punto un nivel de confianza del público en general que estas empresas a las que le estás dando tu información personal o que está manejando tus transacciones financieras estén reguladas y supervisadas".
La Ley Fintech está concebida para regular aquellas empresas que no tienen una licencia de entidad financiera como banca, casa de bolsa o cualquier otra, pero que ofrecen servicios relativamente nuevos, como el financiamiento colectivo, o de crowdfunding, así como las de fondo de pago electrónico, también conocidas como wallets o monederos electrónicos, que pueden usarse para hacer compras, pagos, envíos de dinero digitalmente y realizar domiciliaciones de servicios como telefonía, luz, agua, entre otros.
Incluso esta legislación tiene un apartado que contempla "modelos novedosos" que aún no están definidos.
Claro que, como cualquier otra ley a cumplir en el país, la Ley Fintech puede ser víctima de burocracia que ralentice la aprobación de solicitudes.
Para Andrés Fonato, cofundador y managing partner de Finnovista, una empresa de innovación y de construcción de startups, se necesita mayor agilidad por parte del propio regulador al momento de aprobar o negar las solicitudes, ya que la lista de empresas que solicitan la licencia que les permita operar servicios financieros bajo la reglamentación confeccionada para las fintechs es más larga que la de empresas aprobadas.
En mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio su visto bueno a cuatro entidades para operar como fintechs a toda ley, entre ellas Albo, una aplicación que permite recibir y transferir dinero, para operar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) ante dicha regulación.
De igual manera, el 11 de mayo, la CNBV, mediante la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la organización y operación como institución de financiamiento colectivo a Red Girasol y a Yo Te Presto, mientras que Mercado Libre recibió la aprobación como wallet.
Pese a esas aprobaciones, tras cuatro años de vigencia de la Ley Fintech, solo hay tres decenas de empresas aprobadas y aún hay alrededor de medio centenar de empresas pendientes por recibir la autorización.
No está claro cuál es el motivo que a ojos de los impulsores de este tipo de financieras nuevas el regulador tarde en dar su visto bueno, sin embargo, para muchos la CNBV tuvo una fuga de talentos al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con la sola intención de reducir salarios y prestaciones a funcionarios relevantes, lo que empeoró cuando el presidente buscó prohibir que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada hasta 10 años después de su salida del gobierno.
La Comisión, además, lleva tres cambios de presidente en los tres años y medio del sexenio de López Obrador, cuando en las cuatro administraciones anteriores la CNBV sumó seis presidentes.
Las trabas para las fintech también sucedieron a partir de retrasos regulatorios. Pese a que la Ley Fintech se aprobó en 2018, el nuevo reglamento interior de la CNBV, que marca una nueva estructura para facilitar la labor de supervisión de la Comisión en el sector fintech y suma un Comité Interinstitucional en los términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta febrero de 2022.
Claro que, e pesar de que aparentemente el regulador va tomando su tiempo para las autorizaciones, algunas de las empresas fintech aprobadas ya han tenido problemas en el camino, lo que es un indicativo de que a la par de las necesidades de los emprendimientos la ley debe estar adecuada a los problemas que pueden surgir en empresas con los nuevos servicios financieros.
Por ejemplo Play Business, una plataforma de crowdfunding que organiza financiamiento para empresas que a cambio ofrecen un porcentaje de las ganancias futuras, registró incumplimientos por parte de varias empresas que se fondearon a través de la plataforma, por lo que tuvo que actualizar los contratos bajo escenarios de riesgo derivados de la pandemia. La firma aún arrastra reestructuras con seis empresas y recién en octubre de 2021 recibió su licencia definitiva como Institución de Financiamiento Colectivo bajo el amparo de la Ley Fintech.
Para Fontao, de Finnovista, es necesario que la ley contemple perfiles y tamaños de las fintechs a la hora de relajar o endurecer los requisitos para cada caso, sobre todo porque a ojos de este sector estandarizar los requisitos para todo el universo de financieras los pone en desventaja.
"Una fintech en un estado temprano no debería estar sometida a los mismos requisitos que un banco líder en el mercado mexicano", dijo.
Aunque la banca tradicional tiene su propio punto de vista.
Durante 2021, en medio del boom tecnológico dado los cambios de hábito de muchos mexicanos ante las medidas de confinamiento por la contingencia sanitaria, algunos bancos tradicionales pidieron que las empresas fintech cumplieran con la regulación para evitar riesgos de seguridad, algo que desde su perspectiva crea competencia desleal.
"Y de cara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, es un elemento que también creemos que es importante y es muy bueno, tanto para el sector fintech como para el sector bancario que aquellos participantes que estén haciendo operaciones que vinculen al sector financiero, tengan la misma regulación y el mismo piso parejo, porque creemos que es bueno al sistema", dijo Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en una videoconferencia el 17 de noviembre, donde también señaló la importancia de que estas empresas transparenten el costo anual total que pagan los usuarios.
Para Rocío Robles, quien fue encargada de la supervisión de instituciones de tecnología financiera y modelos novedosos en la CNBV y ahora es socia de Tenet Consultores, una consultoría para el sector financiero, es justificado que exista una regulación distinta, pues los modelos que están regulados en la Ley Fintech son distintos al de los bancos.
Mientras tanto, la legislación tiene otros frentes por cubrir y en los que va atrasada, como lo relacionado en materia de open banking --el intercambio de datos y servicios entre las instituciones financieras y proveedores terceros--y en open finance --que incluye otras entidades financieras como las plataformas de inversión, seguros o pensiones.
"En Latinoamérica, la regulación del open banking ha evolucionado de forma irregular en los distintos países. Mientras que en Brasil las fases se han implementado rápidamente, en otras regiones México y Colombia aún se espera al desarrollo que obligue a las instituciones a abrir sus datos a terceros mediante APIs [interfaz de programación de aplicaciones]", de acuerdo con una publicación del 30 de mayo de Belvo, que permite compartir datos financieros con aplicaciones en toda América Latina.