por Michelle del Campo
Infosel, septiembre. 3.- Oro Negro, una empresa de servicios petroleros que actualmente transita por un proceso de bancarrota, mantiene abiertos dos procesos legales que activó hace unos meses en contra de un grupo de bonistas y de Petróleos Mexicanos, al considerar las demandas como potenciales activos con los que podría hacer frente a sus obligaciones.
Las subsidiarias Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro y Perforadora Oro Negro, que en junio fueron declaradas en quiebra por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, siguen en paralelo los procesos legales en Nueva York y México que fueron iniciados por los anteriores administradores y representantes legales de la compañía, Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, explicó en entrevista Daniel Pulecio, abogado de Oro Negro.
"La razón por la que siguen estas acciones judiciales en curso es que son consideradas como un activo que permitiría pagar a los otros acreedores, accionistas y empleados", explicó Pulecio. "Lo que se debe a los bonistas es una parte muy pequeña".
De esta manera, la empresa, actualmente administrada por el síndico Fernando Pérez Correa, aclara por qué aún continúa con un proceso legal en contra de los bonistas, también acreedores de la empresa.
También ofrece luz sobre la manera en que intenta obtener recursos para hacer frente a sus obligaciones, como parte del proceso de quiebra, ahora que sus principales activos, las plataformas Fortius, Laurus, Primus, Decus e Impetus, están en control de los bonistas, tras otra decisión judicial.
En junio, todavía bajo la administración de Gil White, Oro Negro interpuso una demanda por cerca de mil millones de dólares en la corte de bancarrota del sur de Nueva York contra un grupo de bonistas por supuestos daños ocasionados como parte de un supuesto complot en el que aseguran estuvo involucrado la petrolera estatal Petróleos Mexicanos.
Los bonistas demandados, por su parte, entre los que se encuentran Alterna Capital Partners, AMA Capital Partners, Maritime Finance Company, Asia Research and Capital Management, entre otros, solicitaron al juez la semana pasada desestimar el procedimiento argumentando principalmente motivos de jurisdicción.
"La desestimación forma parte del proceso legal que da un plazo para ser presentada", agregó Pulecio.
La compañía también mantiene en México otro proceso legal contra la estatal Petróleos Mexicanos por la cancelación de contratos, que finalmente orillaron los problemas financieros de la compañía.
No es claro el beneficio financiero que Oro Negro estima obtener de este procedimiento.
En septiembre de 2017, Oro Negro solicitó entrar a concurso mercantil obteniendo la protección de la ley para negociar con sus acreedores un año después.
En lugar de establecer acuerdos, la empresa mantuvo una disputa con sus acreedores por el control de las cinco plataformas de perforación marinas ubicadas en el Golfo de México, consideradas como vitales para garantizar la viabilidad de la compañía.
Las plataformas finalmente fueron otorgadas a los acreedores en mayo por el juzgado responsable del concurso mercantil, ya que Oro Negro no pudo garantizar que contaba con los recursos necesarios para mantenerlas en óptimas condiciones.
A mediados de junio, la compañía fue declarada finalmente en quiebra, y Gil White y Cañedo White fueron destituidos de sus funciones.
Estos dos directivos, junto a Carlos Enrique Williamson Nasi, otro de los fundadores de la empresa, Miguel Ángel Villegas Vargas, director de finanzas y Alonso del Val Echeverría, quien se desempeñó como director jurídico, son objeto de un orden de aprehensión por un supuesto desvío de 750 millones de pesos (39 millones de dólares).
A finales de julio, la mayoría de ellos, con excepción de del Val Echeverría recibieron un amparo otorgado por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
El día de hoy, trascendió en varios diarios de circulación nacional que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitó el 13 de agosto apoyo a la Fiscalía General de la República para que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la mayor organización de policía internacional, emita una ficha roja para su búsqueda, localización y detención contra los cinco ex directivos de la empresa.
Infosel realizó una consulta en el portal de Interpol de las fichas rojas de los cinco directivos, pero no encontró la información a la que hicieron referencia medios como Reforma y Milenio.
Interpol señala que actualmente existen cerca de 58 mil fichas rojas válidas, pero sólo una pequeña parte, alrededor de siete mil, son públicas.
