Por Nicolás Misculin
BUENOS AIRES, 1 feb (Reuters) - La reforma laboral que el Gobierno de Argentina busca para impulsar la economía solo avanzaría este año por partes y muy lentamente en el Congreso, ante los crecientes cortocircuitos entre la Casa Rosada y líderes sindicales tras las violentas protestas desatadas por cambios a la ley previsional.
El apoyo de los gremios es clave para que los proyectos prosperen en un parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría, por lo que el Gobierno tendría que seducir a los líderes sindicales más afines y presionar a los díscolos para avanzar con su propuesta.
La formalización del empleo no registrado, una baja en las indemnizaciones y programas de capacitación de trabajadores son algunos de los puntos más relevantes de una reforma que apunta a bajar los costos laborales.
Dos portavoces del Gobierno dijeron a Reuters que la reforma será dividida en dos o tres proyectos de ley que serán enviados a partir de marzo al Congreso, después de negociaciones con el peronismo opositor y con los gremios -muchos controlados por peronistas- que empezarían en febrero.
"Hay algunos sindicatos que están trabajando y han entendido que tenemos que ganar productividad y competitividad, y hay otros que no lo entienden", señaló el presidente liberal Mauricio Macri en una reciente entrevista con Reuters.
Los sindicatos han respaldado hasta ahora muchos de los proyectos impulsados por Macri tras llegar al poder a fin del 2015, pero esa relación se ha desgastado en los últimos meses.
Mientras que el Gobierno amenazó con recortar fondos a los gremios e impulsó auditorías sobre algunos de ellos con manejos financieros cuestionados, la Justicia avanzó con denuncias por corrupción contra algunos importantes líderes sindicales.
Representantes de los trabajadores han acusado a Macri -que es hijo de un rico empresario- de iniciar una persecución en su contra y de impulsar un ajuste del Estado que perjudica a muchos argentinos para favorecer a las empresas.
"Con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno (en diciembre pasado) ha perjudicado gravemente a millones de jubilados", dijo esta semana en un comunicado Hugo Moyano, uno de los líderes de la poderosa central sindical CGT.
DIÁLOGO DIFÍCIL
En diciembre, el Gobierno logró el apoyo de un sector del peronismo y de legisladores de provincias necesitadas de fondos federales para aprobar una polémica reforma previsional que reduce los futuros aumentos de las jubilaciones.
Pero la victoria oficialista encendió violentas protestas de partidos de izquierda y de sectores del peronismo, que convirtieron los alrededores del Congreso en un campo de batalla durante días y dejaron decenas de heridos. de lo que pasó en diciembre, ahora la idea es no ir con proyectos confrontativos. Se necesita consenso y para eso son necesarios la CGT y el peronismo de (el senador moderado Miguel Ángel) Pichetto", explicó un portavoz del Gobierno bajo condición de anonimato.
El plan del Gobierno es avanzar con cambios que tienen poca resistencia del sindicalismo y de la oposición, como la formalización de puestos de trabajo no registrados. Por el contrario, el proyecto que prevé una baja en las indemnizaciones por despidos es uno de los que provoca más rechazo gremial.
"Hay un fuerte consenso en temas como el blanqueo (formalización) laboral, la agencia de tecnología médica, el instituto de formación profesional", señaló otro portavoz, que añadió que el plan es implementar estos cambios con el aval del Congreso y no a través de decretos presidenciales.
Sin embargo, muchos de los sindicatos que se mostraron expectantes durante la primera etapa de la gestión de Macri se han vuelto decididamente opositores. Algunos ya han convocado a protestas para febrero y marzo.
"Rechazamos de plano la reforma laboral. Acá se trata solamente de acumular más ganancias para los grupos concentrados de la economía sin contemplar absolutamente nada en favor de los trabajadores", dijo a Reuters el líder de la central sindical CTA, Pablo Micheli, que cree que los gremios aunarán acciones para protestar contra el Gobierno. (Con reporte adicional de Alessandra Galloni desde Davos. Editado por Pablo Garibian)