Investing.com - El Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha explicado que ha ordenado cuatro registros policiales de la sede de Telefónica (MC:TEF) en dicho país en el marco de una investigación de posible fraude fiscal. El ejecutivo costarricense ha indicado que la 'teleco' española podría haber ocultado al fisco una cantidad por valor de 1,8 millones de euros (1.250 millones de colones). La compañía española cae en Bolsa un 1,26% desde que se conociese la noticia y el precio del título se queda en los 7,59 euros.
El propio ministerio ha dicho que la operación se realiza con "el objetivo de obtener prueba para una investigación tramitada por el presunto delito de fraude en contra de la hacienda pública". Los registros se producen en las oficinas de la empresa Telefónica de Costa Rica, la compañía filial Tejisa, el Bufete Zurchher Odio & Raven y a la empresa de asesoría fiscal KPMG.
En el comunicado que ha emitido el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se subraya que existen "maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal".
La denuncia por la que los cuerpos de seguridad se han personado hasta las oficinas de Telefónica en Costa Rica fue interpuesta el pasado mes de diciembre, concretamente el día 14. Este hecho provocó que se abriese el expediente 18-000135-0621-PE por el supuesto delito de fraude.
Un contrato cuestionado
La denuncia, por tanto, viene motivada por la firma de un contrato que firmaron ambas compañías. En dicho documento se comprometían a una compraventa financiada, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la filial citada anteriormente, ya que esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para la compra de activos.
"Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa, se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense, por bienes que nunca dejaron de pertenecerle", se extrae del documento aportado por el gobierno de Costa Rica.