Una presidencia de Joe Biden reduciría las tensiones fronterizas, pero aumentaría la presión para que México respete los intereses de negocios de Estados Unidos, principalmente en el sector energético.
Ambos países, no obstante, buscan recuperar empleos desde China en el contexto del marco del T-MEC, según especialistas.
Si sale victorioso, Biden enfrentaría presiones para frenar los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador por marginar a las empresas privadas en el sector energético y garantizar que su gobierno demócrata honre el compromiso de fortalecer las leyes laborales para dificultar la subcontratación de personal, una prioridad para los sindicatos estadounidenses.
"Creo que Biden podrá decirle a México que esté seguro de que cumplimos con el estado de derecho si hay algún contrato con energía o lo que sea", dijo Henry Cuellar, un congresista demócrata que preside el Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos.
Cuellar, un aliado incondicional de México en sus esfuerzos por evitar que Trump rompiera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, dijo que Biden se mantendrá firme en la adhesión a los acuerdos conjuntos, pero estará mucho más activamente comprometido con el gobierno mexicano..
Los líderes empresariales dicen que Biden podría gobernar más apegado a las reglas que Donald Trump, cuyos enfrentamientos con los tribunales estadounidenses reflejan algunas de las propias batallas de López Obrador con los contrapesos a su poder.
Certeza para invertir López Obrador ha paralizado miles de millones de dólares en proyectos del sector energético, particularmente en energías renovables, bajo el argumento de que las administraciones previas manipularon el mercado eléctrico para favorecer a las empresas privadas a expensas de los consumidores.
Una fuente de alto nivel consultada por Reuters dijo que la postura del gobierno federal es inaceptable, debido a la entrada en vigor del T-MEC.
"Las empresas están viendo al sector energético (mexicano) como el típico canario en la mina de carbón (una señal de alarma) sobre el clima general de inversión", dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato.
Los inversionistas sostienen que las medidas del gobierno mexicano son discriminatorias bajo las protecciones consagradas en el T-MEC y el TLCAN, según las cuales aún se pueden presentar reclamos hasta 2023.
“(Las empresas) abogarán fuertemente con la administración de Biden para que las obligaciones del T-MEC sean el punto de partida para comprometer a México”, agregó la fuente.
Inician litigios Algunos inversionistas en energía ya han comenzado litigios y muchos otros planean demandar a México una vez que finalicen las elecciones en Estados Unidos, según cinco funcionarios, abogados y fuentes de la industria familiarizadas con las deliberaciones.
López Obrador ha manifestado su voluntad de negociar con los inversionistas, al igual que lo hizo en una disputa por gasoductos el año pasado.
Las disputas energéticas han afectado la inversión, lo que ha contribuido a llevar a México hacia una contracción desde incluso antes de que la pandemia de coronavirus agravara la recesión.
En ese contexto, el jueves, legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Trump en la que piden se llegue a un acuerdo con el gobierno de México bajo el marco regulatorio de la Reforma Energética de 2014 implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Informes recientes indican que el gobierno mexicano está otorgando trámites regulatorios preferenciales a Petróleos Mexicanos (Pemex) y retrasando o cancelando los permisos para las empresas energéticas estadounidenses”, indicaron en la misiva.
Los legisladores también recordaron que miembros de Morena presentaron en el pasado iniciativas constitucionales que daría reversa a la reforma energética.
“Estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, si no la letra, del T-MEC, un acuerdo entre cuyos principales objetivos son promover el crecimiento entre los países participantes, por lo tanto, nosotros estamos profundamente preocupados de que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y lo urgimos a encontrar una solución con el gobierno de México”, explican los congresistas.
Con información de Reuters
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