Por Karen Alcalá, Eduardo Gacía y César E. Pérez.
Infosel, octubre. 11.- La indefinición sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto que actualmente se edifica en lo que fue el Lago de Texcoco, es quizá una de las mayores fuentes de incertidumbre para la economía del país en el próximo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
El futuro presidente no ha avalado continuar con la construcción de esa megaobra, con un costo estimado de 13 mil 300 millones de dólares y con la que el gobierno actual busca poner fin al problema de la saturación aérea que actualmente enfrenta el Valle de México.
Si bien López Obrador tampoco ha determinado cancelarla, sí ha decidido que su futuro del proyecto dependerá de los resultados que arroje una consulta y encuesta para determinar si los participantes de esos ejercicios prefieren mantener esa edificación o están a favor de construir otra terminal en la base militar aérea de Santa Lucía, la cual supuestamente conviviría con el actual aeropuerto de la capital del país, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Claro que para algunos expertos cancelar la construcción de la nueva terminal, también llamada NAIM y en la que ya se han invertido cerca de seis mil millones de dólares, podría poner en juego más que la simple construcción de un nuevo aeropuerto.
Para esos analistas, la suspensión y cancelación de los trabajos de edificación, que están en marcha, podría tener otras ramificaciones negativas sobre el nuevo gobierno, que podría incluso dañar su desempeño futuro.
"La credibilidad del gobierno entrante estaría en juego", dijo Ana Thais Martínez, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), un centro de estudios y análisis de políticas públicas, en entrevista telefónica. "Le pega más bien a las finanzas del país, a su crédito internacional, que no sólo va a repercutir al gobierno, ya que ante esa falta de credibilidad [en cumplir los compromisos firmados] las tasas de interés podrían llegar incluso a subir ante la menor credibilidad que va tener el país".
Para la investigadora, con especialidad en obras públicas, una reversa al proyecto actual muy probablemente generaría desconfianza sobre el futuro gobierno de México y los posibles planes de inversión que busque ejecutar con la ayuda de recursos privados.
Esa visión la comparten, de alguna forma, otros expertos, como los de la agencia Moody's (NYSE:MCO) Investors Service, una de las tres calificadoras más influyentes del mundo. Sus especialistas creen que la nueva administración podría acabar por auto-infligirse daños si la cancelación del NAIM es mal ejecutada.
"Para el ambiente de inversiones general, para el país sí sería negativo [cancelar aeropuerto] por el mensaje que se manda a mercados de que no hay una continuidad de largo plazo o suficiente certeza respecto de los proyectos que se desarrollan en el país", dijo Adrián Garza, vicepresidente y analista senior de financiamiento a proyectos de infraestructura con la agencia Moody's Investors Service, en entrevista telefónica.
Una preocupación que ha expresado el futuro mandatario de México sobre mantener la construcción del NAIM en Texcoco es que esa obra aún requiere de 88 mil millones de pesos (cuatro mil 600 millones de dólares) de recursos públicos.
Sin embargo, la empresa estatal que está construyendo la nueva terminal, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, o GACM, ha dicho que ya cuenta con el financiamiento para inyectar esos fondos al proyecto sin tener que acudir al erario público.
En otras palabras, GACM ha indicado que con una línea de crédito que tiene contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), más la comercialización de algunos de los terrenos cercanos a la nueva terminal, en los que esa empresa espera construir la llamada Nueva Ciudad Aeropuerto y los fondos que provengan de la venta del predio en el que se encuentra el actual aeropuerto de la capital cuando éste quede reemplazado por NAIM, el gobierno no tendrá que asignar recursos públicos al proyecto.
Claro que, para los expertos, la preocupación financiera de López Obrador si bien es válida, parece en este caso no estar muy bien fundamentada.
"La emisión de deuda de seis mil millones de dólares, que por cierto es un monto de deuda bastante grande en el universo de la infraestructura, sobre todo para la región, no están 100% atados al proyecto como tal. . .en realidad la fuente de pago" es la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que es un impuesto que cobra el gobierno a los usuarios de los aeropuertos, dijo Garza, el experto en infraestructura de Moody's, en la misma entrevista telefónica.
El gobierno de Peña Nieto diseñó el proyecto de modo que el TUA acabara por pagar la mayoría del costo y la administración pública no tuviera que destinar la mayor parte de los recursos públicos a esa obra.
De acuerdo con las estimaciones del equipo de transición de López Obrador, quien está encabezado en este tema por el ingeniero Javier Jiménez Espriú, el candidato a convertirse en secretario de Comunicaciones y Transportes, el costo del proyecto en Texcoco rebasará las proyecciones que existen hoy en día y su terminación no se dará sino hasta 2024.
Por ello, la nueva administración parece inclinada al proyecto en Santa Lucía, que supuestamente será más barato e implicará un menor tiempo de ejecución.
Solo que, al cancelar los trabajos en Texcoco, el nuevo gobierno deberá desembolsar pagos de penalizaciones a los contratistas que ganaron los concursos licitados por el gobierno de Peña Nieto y acabarán por destinar recursos públicos que prefería gastar en los compromisos sociales que hizo durante la campaña.
Por ahora no hay una decisión tomada, pero los analistas creen que la forma en que se ejecute una eventual cancelación del proyecto de NAIM en Texcoco será determinante para evaluar su impacto en las finanzas públicas.
Si lo cancelan, "en términos de las finanzas públicas tendríamos que determinar cuál sería el costo relativo a las diferentes opciones en el corto plazo y en el largo plazo. Tendríamos que ver para la economía en general hasta qué punto un proyecto u otro podría tener mayor impacto para México", dijo Félix Boni, director de análisis económico con la calificadora de origen nacional HR Ratings, en entrevista telefónica. "Para los mercados, el efecto principal sería hasta qué punto el gobierno estaría rompiendo con acuerdos previamente hechos y si lo hace, hasta qué punto hay compensaciones por esa ruptura. . .A corto plazo, sería el factor más importante".