MADRID, 24 mar (Reuters) - Venezuela no ha investigado de forma eficaz ni ha llevado ante la justicia a los responsables de 43 muertes durante las protestas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que sacudieron el país en 2014, dijo el martes Amnistía Internacional.
En su informe "Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia", presentado en Madrid, la organización aseguró que la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos y torturas perpetrados contra cientos de personas ha abierto la puerta a más episodios de violencia en el país.
"Las autoridades venezolanas no han investigado la mayoría de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, ni las víctimas han tenido acceso a la justicia, ni a reparación ninguna", dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa.
A principios de febrero de 2014, decenas de miles de venezolanos salieron a las calles de diversas ciudades del país para protestar contra la alta inflación, la escasez de productos básicos y la inseguridad de la que culpaban al presidente Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez.
Las protestas, muchas de ellas lideradas por estudiantes, derivaron en muchos casos en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y partidarios del Gobierno del país de 29 millones de habitantes. Los disturbios también causaron casi 900 heridos.
Según AI, un total de 3.351 personas fueron detenidas durante las protestas, muchas de ellas de forma arbitraria. Aunque la mayor parte quedaron en libertad, se presentaron cargos contra 1.404 y 25 todavía están detenidas a la espera de juicio.
El organismo dijo haber documentado decenas de casos de detenidos que fueron sometidos a torturas o malos tratos consistentes en golpes, agresiones sexuales o descargas eléctricas durante el tiempo que permanecieron bajo custodia.
"En la mayoría de los casos, los perpetradores están en libertad", declaró Nuria García, investigadora de AI para Venezuela, durante la rueda de prensa en la capital española.
El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, uno de los principales presos políticos del país y a quien el Gobierno acusó de instigar a la violencia, se entregó a las autoridades y permanece encarcelado desde hace más de un año. También siguen en prisión el alcalde de la ciudad occidental de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista Rosmit Mantilla.
CONTINÚAN LOS ABUSOS
La detención el mes pasado del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la muerte de un joven de 14 años durante una protesta antigubernamental en la ciudad de San Cristóbal, son, según AI, una muestra de la continuación del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y de las detenciones arbitrarias.
El expresidente socialista del Gobierno español Felipe González ha anunciado que participará en la defensa de Ledezma y de Leopoldo López, una decisión que ha sido bien recibida por algunos miembros de la oposición venezolana.
Según la organización de derechos humanos, que no valoró la participación de González, familiares y abogados de algunas de las víctimas que han exigido justicia han denunciado haber sido hostigados e intimidados.
"Es fundamental que cese el acoso y el hostigamiento contra las víctimas de abusos a los derechos humanos", dijo García.
Por otro lado, AI denunció que el Ministerio Público venezolano no ha iniciado de oficio prácticamente ninguna investigación sobre tortura y malos tratos.
"Fueron denuncias que tuvieron que poner los ciudadanos en un contexto de creciente descreimiento hacia la posibilidad de investigación de las autoridades del Estado", dijo Beltrán.
Maduro, un exconductor de autobús que llegó al poder tras la muerte de su mentor político hace dos años, aseguró que las protestas eran parte de una conspiración de adversarios "fascistas" que trataban de derrocarlo.
El organismo de derechos humanos ha emitido varias recomendaciones al país, entre ellas la puesta en marcha de una investigación real sobre lo ocurrido, que las víctimas que no hayan recibido reparación en los tribunales nacionales puedan acudir a instancias internacionales y la imparcialidad del sistema judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
"Si no se refuerzan instituciones con una clara orientación hacia la independencia e imparcialidad, nadie creerá que el sistema de justicia permitirá investigar imparcialmente", concluyó Beltrán.