(Retransmite la historia publicada el 10 de abril)
Infosel, abril. 10.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen bajo el cual será expedida la Ley General de Comunicación Social, que regulará la publicidad gubernamental y el gasto que el gobierno realiza en medios para la promoción de los programas sociales.
Con 196 votos a favor, 146 en contra y cero abstenciones, la Cámara Bajo aprobó la nueva ley que diseñaron las autoridades tras la solicitud que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de emitir una ley para regular el gasto en publicidad del gobierno antes del 30 de abril de 2018.
El Máximo Tribunal del país hizo la petición tras fallar a favor de la organización Artículo 19, que protestó, vía la figura del amparo, la falta de reglas para determinar la forma como el gobierno debe ejercer el gasto en publicidad.
Para Artículo 19, una institución dedicada a defender la libertad de expresión, la falta de esas reglas ha provocado que el gobierno pueda usar el gasto en publicidad para manipular la cobertura de los medios, más cuando el gasto publicitario ha venido creciendo de forma importante.
Por ejemplo, entre 2013 y 2016, el gasto en publicidad oficial subió 31.2%, al pasar de ocho mil 154 millones de pesos (440.8 millones de dólares) a 10 mil 699 millones (578.3 millones), de acuerdo con un estudio de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Con la aprobación de la ley, la Cámara de Diputados dijo que se cubría la omisión de reglas que existía hasta ahora sobre esas actividades.
La "legislación establece las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, objetividad, imparcialidad, institucionalidad y respete topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos", dijo la Cámara Baja, en un comunicado.
Hasta ahora, las empresas que han recibido la mayor parte del gasto publicitario gubernamental son: Grupo Televisa (MX:TLVACPO), TV Azteca (MX:AZTECACPO), Estudios Churubusco, Starcom Worldwide y el diario El Universal, con 17.1, 9.9, 3.3, 3.2 y 2.7% del gasto total, respectivamente.
Claro que no a todos les gustó la ley que aprobaron los diputados, como lo demostraron los 146 votos en contra. Para esos legisladores la aprobación de la ley es insuficiente ya que no establece un límite al gasto gubernamental en términos de publicidad, sólo regula el contenido de los anuncios.
El dictamen establece que los contenidos que difundan los entes públicos no podrán incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien que provoque algún delito, o perturbe el orden público.
El gobierno tampoco podrá difundir campañas cuyos contenidos destaquen nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; incitar a la violencia o inducir a la confusión.
La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación social se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con la nueva ley.
La nueva disposición legal pasó al Senado donde deberá ser ahora revisada, enmendada o aprobada. En caso de que los senadores la aprueben en las próximas sesiones, las nuevas reglas entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2019.
Infosel, abril. 10.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen bajo el cual será expedida la Ley General de Comunicación Social, que regulará la publicidad gubernamental y el gasto que el gobierno realiza en medios para la promoción de los programas sociales.
Con 196 votos a favor, 146 en contra y cero abstenciones, la Cámara Bajo aprobó la nueva ley que diseñaron las autoridades tras la solicitud que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de emitir una ley para regular el gasto en publicidad del gobierno antes del 30 de abril de 2018.
El Máximo Tribunal del país hizo la petición tras fallar a favor de la organización Artículo 19, que protestó, vía la figura del amparo, la falta de reglas para determinar la forma como el gobierno debe ejercer el gasto en publicidad.
Para Artículo 19, una institución dedicada a defender la libertad de expresión, la falta de esas reglas ha provocado que el gobierno pueda usar el gasto en publicidad para manipular la cobertura de los medios, más cuando el gasto publicitario ha venido creciendo de forma importante.
Por ejemplo, entre 2013 y 2016, el gasto en publicidad oficial subió 31.2%, al pasar de ocho mil 154 millones de pesos (440.8 millones de dólares) a 10 mil 699 millones (578.3 millones), de acuerdo con un estudio de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Con la aprobación de la ley, la Cámara de Diputados dijo que se cubría la omisión de reglas que existía hasta ahora sobre esas actividades.
La "legislación establece las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, objetividad, imparcialidad, institucionalidad y respete topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos", dijo la Cámara Baja, en un comunicado.
Hasta ahora, las empresas que han recibido la mayor parte del gasto publicitario gubernamental son: Grupo Televisa (MX:TLVACPO), TV Azteca (MX:AZTECACPO), Estudios Churubusco, Starcom Worldwide y el diario El Universal, con 17.1, 9.9, 3.3, 3.2 y 2.7% del gasto total, respectivamente.
Claro que no a todos les gustó la ley que aprobaron los diputados, como lo demostraron los 146 votos en contra. Para esos legisladores la aprobación de la ley es insuficiente ya que no establece un límite al gasto gubernamental en términos de publicidad, sólo regula el contenido de los anuncios.
El dictamen establece que los contenidos que difundan los entes públicos no podrán incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien que provoque algún delito, o perturbe el orden público.
El gobierno tampoco podrá difundir campañas cuyos contenidos destaquen nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; incitar a la violencia o inducir a la confusión.
La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación social se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con la nueva ley.
La nueva disposición legal pasó al Senado donde deberá ser ahora revisada, enmendada o aprobada. En caso de que los senadores la aprueben en las próximas sesiones, las nuevas reglas entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2019.