Infosel, enero. 19.- Más de 40 organizaciones empresariales de Chihuahua, entre las que destacan los capítulos locales de las agrupaciones Consejo Coordinador Empresarial, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional de la Vivienda y Confederación Patronal de la República Mexicana, expresaron su respaldo a Javier Corral, gobernador de esa entidad, en la lucha que lleva a cabo contra la corrupción y la impunidad.
La manifestación pública de las agrupaciones, realizada a través de un desplegado publicado en el diario Reforma, es un voto de confianza a Corral en su disputa con el gobierno federal.
"Reconocemos y respaldamos al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Lic. Javier Corral Jurado, en la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha llevado a cabo para castigar hechos que han afectado el erario público y que son causa de la falta de recursos que enfrentamos los chihuahuenses", dijeron esas más de 40 asociaciones o cámaras industriales en el desplegado.
Desde su llegada a la gubernatura de Chihuahua el año pasado, Corral ha investigado las actividades de su antecesor, el exgobernador César Duarte, miembro del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por supuestos desfalcos a las arcas estatales y por enriquecimiento ilícito.
Como parte de esas investigaciones, el gobierno de Corral descubrió un aparente esquema ilegal de desvío de fondos públicos que orquestó el gobierno anterior para supuestamente ayudar a financiar las campañas electorales del PRI en 2016.
Si bien hasta ahora no hay una sentencia judicial que corroboré la tesis del gobierno de Corral, las autoridades de Chihuahua ya han arrestado a algunos exfuncionarios del gobierno anterior y a exdirigentes del PRI por sus supuestos vínculos con diversas actividades ilícitas, incluido el uso indebido de fondos públicos para actividades políticas.
De acuerdo con Corral el descubrimiento del financiamiento ilegal que realizó el gobierno anterior al PRI, lastimó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al grado que la Secretaría de Hacienda detuvo el envío de recursos acordados con el gobierno de Chihuahua para sanar sus finanzas.
Corral describió la decisión de Hacienda como un acto de "represalia" por la investigación que su gobierno realiza contra el exmandatario chihuahuense y contra exfuncionarios del PRI, el partido de Peña Nieto.
Hacienda ha negado que el freno del envío de recursos fuese una especie de sanción contra al gobernador Corral por la investigación que realiza contra Duarte y exfuncionarios del PRI.
La dependencia explicó la semana pasada que la falta de envío de cerca de 780.1 millones de pesos (41.5 millones de dólares) en recursos extraordinarios se debió en un caso a que el gobierno chihuahuense no entregó el número de cuenta correcto para hacer el depósito de los fondos acordados por 44.8 millones de pesos (2.4 millones de dólares).
En cuanto a los otros recursos, por 35.3 y 700 millones de pesos (1.9 y 37.2 millones de dólares), Hacienda dijo que simplemente no tuvo los recursos presupuestables disponibles para entregarlos a la entidad, como tampoco --agregó-- los tuvo para entregarlos a los gobiernos de Tlaxcala y Zacatecas, ambos gobernados por políticos del PRI.
"Es decir, el principio fue el mismo para todas las entidades federativas", dijo Hacienda en un comunicado la semana pasada. "Está claro, la Secretaría de Hacienda le ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por ley".
La explicación de Hacienda, sin embargo, no satisfizo a las agrupaciones empresariales. En su desplegado, las asociaciones pidieron al gobierno federal entregar los fondos extraordinarios que había acordado desembolsar al gobierno estatal para que pueda llevar a cabo diversas tareas como pago a proveedores y gasto corriente.
"Exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumpla con los acuerdos firmados con el gobierno del estado y le entregue los recursos extraordinarios que fueron acordados, independientemente de los procesos legales que están en curso y que no deben retrasar la entrega de los mismos", dijeron las asociaciones empresariales.
No es claro si esa exigencia procederá frente a la explicación que dio Hacienda de que careció de fondos para cumplir con los convenios acordados de enviar recursos extraordinarios a Chihuahua en 2017, los cuales estaban condicionados a que la dependencia tuviese fondos.
"La secretaría de Hacienda le ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponde por ley", dijo la dependencia.
Los empresarios también exigieron en el desplegado que la Procuraduría General de la República (PGR) colabore con el gobierno estatal y solicite las órdenes de extradición a exfuncionarios del gobierno estatal anterior.
Esta solicitud ya la comenzó a cumplir la PGR luego de que anunciara el miércoles que presentaría tres órdenes de extradición contra Duarte, dos de ellas elaboradas por el gobierno de Chihuahua y una por el gobierno federal.
La PGR dijo que además tenía preparadas 11 causas penales contra exfuncionarios de Chihuahua, de las cuales 10 corresponden a delitos del fuero local y uno del ámbito federal.
De cualquier manera, los empresarios dejaron claro en el desplegado su apoyo a las acciones que está tomando Corral y exigieron respaldo a las mismas del gobierno federal.
"Los empresarios del estado somos solidarios y actuamos en congruencia con las diferentes manifestaciones públicas que se han llevado a cabo por el pueblo chihuahuense que exige que se cumpla el estado de derecho y la obtención de más recursos para el estado de Chihuahua", concluyeron las agrupaciones.
La manifestación pública de las agrupaciones, realizada a través de un desplegado publicado en el diario Reforma, es un voto de confianza a Corral en su disputa con el gobierno federal.
"Reconocemos y respaldamos al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Lic. Javier Corral Jurado, en la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha llevado a cabo para castigar hechos que han afectado el erario público y que son causa de la falta de recursos que enfrentamos los chihuahuenses", dijeron esas más de 40 asociaciones o cámaras industriales en el desplegado.
Desde su llegada a la gubernatura de Chihuahua el año pasado, Corral ha investigado las actividades de su antecesor, el exgobernador César Duarte, miembro del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por supuestos desfalcos a las arcas estatales y por enriquecimiento ilícito.
Como parte de esas investigaciones, el gobierno de Corral descubrió un aparente esquema ilegal de desvío de fondos públicos que orquestó el gobierno anterior para supuestamente ayudar a financiar las campañas electorales del PRI en 2016.
Si bien hasta ahora no hay una sentencia judicial que corroboré la tesis del gobierno de Corral, las autoridades de Chihuahua ya han arrestado a algunos exfuncionarios del gobierno anterior y a exdirigentes del PRI por sus supuestos vínculos con diversas actividades ilícitas, incluido el uso indebido de fondos públicos para actividades políticas.
De acuerdo con Corral el descubrimiento del financiamiento ilegal que realizó el gobierno anterior al PRI, lastimó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al grado que la Secretaría de Hacienda detuvo el envío de recursos acordados con el gobierno de Chihuahua para sanar sus finanzas.
Corral describió la decisión de Hacienda como un acto de "represalia" por la investigación que su gobierno realiza contra el exmandatario chihuahuense y contra exfuncionarios del PRI, el partido de Peña Nieto.
Hacienda ha negado que el freno del envío de recursos fuese una especie de sanción contra al gobernador Corral por la investigación que realiza contra Duarte y exfuncionarios del PRI.
La dependencia explicó la semana pasada que la falta de envío de cerca de 780.1 millones de pesos (41.5 millones de dólares) en recursos extraordinarios se debió en un caso a que el gobierno chihuahuense no entregó el número de cuenta correcto para hacer el depósito de los fondos acordados por 44.8 millones de pesos (2.4 millones de dólares).
En cuanto a los otros recursos, por 35.3 y 700 millones de pesos (1.9 y 37.2 millones de dólares), Hacienda dijo que simplemente no tuvo los recursos presupuestables disponibles para entregarlos a la entidad, como tampoco --agregó-- los tuvo para entregarlos a los gobiernos de Tlaxcala y Zacatecas, ambos gobernados por políticos del PRI.
"Es decir, el principio fue el mismo para todas las entidades federativas", dijo Hacienda en un comunicado la semana pasada. "Está claro, la Secretaría de Hacienda le ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por ley".
La explicación de Hacienda, sin embargo, no satisfizo a las agrupaciones empresariales. En su desplegado, las asociaciones pidieron al gobierno federal entregar los fondos extraordinarios que había acordado desembolsar al gobierno estatal para que pueda llevar a cabo diversas tareas como pago a proveedores y gasto corriente.
"Exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumpla con los acuerdos firmados con el gobierno del estado y le entregue los recursos extraordinarios que fueron acordados, independientemente de los procesos legales que están en curso y que no deben retrasar la entrega de los mismos", dijeron las asociaciones empresariales.
No es claro si esa exigencia procederá frente a la explicación que dio Hacienda de que careció de fondos para cumplir con los convenios acordados de enviar recursos extraordinarios a Chihuahua en 2017, los cuales estaban condicionados a que la dependencia tuviese fondos.
"La secretaría de Hacienda le ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponde por ley", dijo la dependencia.
Los empresarios también exigieron en el desplegado que la Procuraduría General de la República (PGR) colabore con el gobierno estatal y solicite las órdenes de extradición a exfuncionarios del gobierno estatal anterior.
Esta solicitud ya la comenzó a cumplir la PGR luego de que anunciara el miércoles que presentaría tres órdenes de extradición contra Duarte, dos de ellas elaboradas por el gobierno de Chihuahua y una por el gobierno federal.
La PGR dijo que además tenía preparadas 11 causas penales contra exfuncionarios de Chihuahua, de las cuales 10 corresponden a delitos del fuero local y uno del ámbito federal.
De cualquier manera, los empresarios dejaron claro en el desplegado su apoyo a las acciones que está tomando Corral y exigieron respaldo a las mismas del gobierno federal.
"Los empresarios del estado somos solidarios y actuamos en congruencia con las diferentes manifestaciones públicas que se han llevado a cabo por el pueblo chihuahuense que exige que se cumpla el estado de derecho y la obtención de más recursos para el estado de Chihuahua", concluyeron las agrupaciones.