“A García Luna le hacemos un gran favor cuando lo acusamos nada más de narcotraficante, fue uno de los más grandes represores de los derechos humanos”, destaca el periodista Jesús Lemus, víctima del abuso policial que caracterizó la gestión del exsecretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón. Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– En Estados Unidos, Genaro García Luna fue sentenciado esta semana a pasar más de 38 años privado de la libertad por sus vínculos con el narcotráfico. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero están pendientes investigaciones en su contra por testimonios que lo relacionan con espionaje y cuestionan su trabajo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública, instancias marcadas por casos de tortura.
García Luna fue uno de los responsables de la estrategia contra el narcotráfico que implementó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hasta ahora asegura que desconocía la relación del exfuncionario con grupos del crimen organizado, lo que el Juez Brian Cogan describió como un “doble vida”.
En entrevista para Dos con Todo el periodista Jesús Lemus, autor del libro El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco, destaca el pendiente que tienen las autoridades en México de investigar y sancionar tanto a García Luna como al expresidente Calderón por distintas violaciones a derechos humanos.
El propio Jesús Lemus fue víctima del abuso policial que caracterizó la gestión de ambos exfuncionarios. En mayo de 2008, mientras investigaba a los carteles de la droga y dos años después de que Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico, fue detenido, torturado y, sin evidencias, se le acusó de estar relacionado con el narcotráfico, lo que lo llevó a pasar tres años en el Centro Federal de Reinserción Social de Puente Grande, Jalisco.
“Muchos, muchos mexicanos, fuimos procesados en función de solamente testimonios. Yo soy una prueba, a mí Felipe Calderón me encarceló, a mí me hicieron un invento de que yo era un gran narcotraficante, la invención la hizo Genaro García Luna y fue justamente el testimonio de un policía corrupto el que me acusó, el que simplemente dijo que yo era un narcotraficante y eso valió para un juez.“Se está sentenciando a García Luna por lo que hizo al pueblo, a las leyes y al Gobierno de Estados Unidos (EU). En México hay una clara impunidad por parte del Gobierno mexicano porque ni siquiera hay una orden de aprehensión por narcotráfico. La sentencia de EU la debemos de entender también como un acto reprobatorio al sistema de justicia mexicano, hablo de la Fiscalía General de la República (FGR), si hubiera una procuración de justicia adecuada ya tendría un expediente amplio y ya habría elementos de prueba”, expuso.
De 2007 a 2012, por cientos de quejas, García Luna y sus policías recibieron 44 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y demás violaciones a derechos humanos en su mayoría en Sinaloa, Michoacán y Guerrero, informó en Milenio la periodista Laura Sánchez Ley.
Incluso la entonces candidata presidencial del PRI-PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró recientemente que su hermana Jacqueline Malinalli, privada de la libertad sin sentencia desde hace 11 años por el delito de secuestro, habría sido torturada por el extitular de la Secretaría de Seguridad.
Antes de que García Luna se desempeñara como Secretario de Seguridad Pública, encabezó la AFI. En agosto de 2006, durante su gestión en esa agencia, Alberta Alcántara, Teresa González, indígenas otomíes de Querétaro, así como la vendedora Jacinta Francisco, fueron detenidas arbitrariamente acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales que agredieron a comerciantes de Mexquititlán. En un proceso marcado por violaciones a sus derechos humanos, las tres mujeres fueron privadas de la libertad durante más de tres años hasta que en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó sus sentencias.
Teresa, Jacinta, y Alberta fueron privadas de la libertad en un proceso marcado por violaciones a sus derechos humanos. Foto: Centro Prodh.
“A García Luna le hacemos un gran favor cuando lo acusamos nada más de narcotraficante, fue uno de los más grandes represores de los derechos humanos. Nos contamos por miles las personas que fuimos llevadas a la cárcel de manera injustificada y que padecimos la cárcel, lo peor del sistema mexicano durante muchos años, también se le debe de acusar de delitos de lesa humanidad […]. Hay una gran cantidad de personas que están agraviadas por asesinatos, por secuestros, por desapariciones, por desplazamiento y por encarcelamientos injustificados por parte de Genaro García Luna y sobre eso debería ser investigado tanto él como Felipe Calderón”.A ello se suman los casos del General Tomás Ángeles Dauahare y Javier Herrera Valles, quien fue Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, dos de las voces que expusieron los vínculos irregulares del exsecretario de Seguridad durante el Gobierno de Calderón, y cuyas denuncias los llevó a ser detenidos.
EL ESPIONAJE
Además de estos pendientes por resolver en México, a García Luna se le señala por permitir y fomentar el espionaje. En marzo de 2019 una investigación de Univision reveló que utilizó software espía adquirido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para fines privados.
El reportaje expuso la relación entre García Luna y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, dedicados a la comercialización de equipos y tecnología de seguridad israelí en América Latina, ellos vendieron el programa NiceTrack a la Secretaría de Seguridad en 2008 a través de la empresa Nunvav.
Univision reveló que los Weinberg son propietarios de la compañía Icit, que utilizó el trabajo de funcionarios e información de la SSP de García Luna para distribuir reportes de seguridad o ganar clientes para otras áreas de su compañía.
“Según los testimonios y documentos, Icit operó con funcionarios de la Secretaría durante el año 2012, cuando al menos 10 de sus empleados aún eran servidores públicos de varias oficinas de gobierno dentro de esa Secretaría”, señaló el reportaje. Los testimonios citados confirmaron que la empresa enviaba los reportes a clientes especiales, como bancos o empresarios, basándose en información entregada por la SSP.
En febrero de 2013, tres meses después de que Genaro García Luna dejó el cargo de Secretario, vivió en una casa en Florida valuada en más de 3 millones de pesos, y después, entre 2016 y 2018, en un pent-house de lujo, también en Florida, ambas propiedades pertenecían a un grupo empresarial propiedad de la familia Weinberg.
LAVADO DE DINERO
Desde diciembre de 2019, a la par de la detención de García Luna en Texas, la UIF presentó una denuncia ante la FGR contra el exsecretario de Seguridad y su red de socios por lavado de dinero, recursos que habrían obtenido, entre otras vías, por irregularidades con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, encargado de administrar y organizar los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
En enero de 2021, la entonces Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez informó que entre 2010 y 2011, cuando la dependencia era dirigida por García Luna, otorgó ocho contratos por adjudicación directa a seis empresas privadas para la administración de nueve reclusorios.
De acuerdo con esta información, los contratos suman más de 266 mil 300 millones de pesos y obligan al Gobierno a pagar a las empresas por 20 años (hasta 2037).
La exsecretaria de Seguridad Rosa Icela informó en 2021 de los contratos privados para centros de privación de la libertad. Foto: Presidencia. En septiembre de 2021 la UIF presentó una demanda civil en un Tribunal de Florida, ya que es el lugar donde se identificaron empresas y propiedades asociadas al lavado de dinero por el que acusan a García Luna.
La UIF argumentó en ese entonces que presentó la demanda para recuperar todo el dinero “robado” por el exfuncionario del erario público, calculado en más de 700 millones de dólares.
“La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida”, explicó el organismo en un comunicado. Estas empresas, planteó la UIF, fueron creadas y utilizadas por García Luna y sus conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
En su demanda, la UIF incluyó a Cristina Pereyra, esposa de García Luna; al exsubsecretario José Francisco Niembro González, Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, así como a las esposas de todos ellos. Entre las empresas creadas está Glac Security, la cual todavía en 2015 obtuvo un contrato del PAN en 2015 para asesoría.
En marzo de 2023, la UIF detalló en un comunicado que ese “conglomerado familiar” opera en distintos países y “obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”.
Estos más de 700 millones de dólares habrían sido ocultados en paraísos fiscales y “lavados” en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en Florida, donde vivía Genaro García Luna y su familia.
En consecuencia, la UIF bloqueó las cuentas de quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la FGR el 24 de diciembre de 2019. En febrero de 2023, cuando García Luna fue declarado culpable, un tribunal de la Ciudad de México ordenó descongelar las cuentas de su esposa y socia, Cristina Pereyra.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó en julio pasado que se aseguraron 19 propiedades en Miami, Florida y este miércoles detalló en entrevista para Los Periodistas que García Luna aún tiene pendientes procesos en México y han obtenido al menos una orden de aprehensión en su contra.
“En México ha sido vinculado a proceso por una serie de fraudes que cometió durante el desempeño de su cargo como Secretario de Seguridad Pública y con posterioridad él continúo realizando una serie de fraudes en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
El titular de la UIF indicó que los cargos son por un fraude al organismo de prisiones el cual supera los 600 millones de dólares.
“Hay una trama corrupta que él organizó y ahí está abierto un proceso donde hay una cantidad de personas que tienen orden de aprehensión, desde luego él es uno de ellos, algunos ya fueron detenidos, otros no. Los cargos son por un fraude al organismo de prisiones donde un acumulado de empresas vinculado con García Luna y con una familia de mexicanos que son los Weinberg. El conjunto de fraudes que hizo García Luna en México contra el Estado mexicano supera los 600 millones de dólares”, expuso.