Ángela Buitrago y Carlos Beristain señalaron que desde su llegada la documentación entregada no contribuye para el esclarecimiento del caso
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) pidió al Gobierno Federal de México mostrar información oculta, clasificar delitos por desaparición forzada y ejercer acciones contra perpetradores, luego de que durante su estancia en nuestro país para resolver el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades les hayan limitado el acceso a cierta información sobre lo sucedido.
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Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain señalaron que desde su llegada al país en marzo de 2015, como parte de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la documentación entregada no contribuye para el esclarecimiento del caso, además, se encontraron con la respuesta negativa de las instituciones a pesar de las pruebas existentes.
Incluso, aseguraron que su trabajo no han llevado a cabo valoraciones políticas, ni opiniones personales, además de que las discusiones políticas del país no han condicionado su autonomía e independencia, por el contrario «ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional. También ha trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado tan deteriorada en el país durante décadas».
«La documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”Ángela Buitrago y Carlos Beristain
Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje. El amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, es ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos: @GIEIAYOTZINAPA pic.twitter.com/W6wHJfdlrL— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) July 31, 2023
Sin embargo, reconocieron que desde el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, «ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina ISEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes».
Aunque, otras complicaciones se encontraron porque «los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”.
De esta manera, el GIEI destacó que las investigaciones llevaron a la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del ejército y más de cien detenidos pertenecientes al crimen organizado, pero, les preocupa que las acusaciones que se han realizado son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada de los normalistas.
Finalmente, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el apoyo del gobierno para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la creación en 2019, de una nueva fiscalía especial para el caso, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso (COVAJ).