Por Enrique Andres Pretel
SAN JOSÉ, 19 ene (Reuters) - El sábado iba a ser un día memorable para Costa Rica: dos personas del mismo sexo iban a contraer matrimonio por primera vez en ese país y en Centroamérica.
Pero la historia tendrá que esperar luego de que el organismo rector de las notarías costarricenses emitiera el viernes una resolución donde prohíbe a los notarios públicos celebrar uniones entre personas del mismo sexo hasta que se anulen las leyes locales que los prohíben.
La decisión deja en suspenso la reciente petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de ampliar el derecho del matrimonio a las parejas homosexuales y desafía la intención del presidente Luis Guillermo Solís de acelerar el proceso por la vía administrativa. tanto no se produzca una reforma legislativa o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica (...) se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos deben apegarse a las mismas", dijo el Consejo Superior Notarial.
La resolución es un revés para los partidarios del matrimonio igualitario, que iban a celebrar el sábado la unión ante notario de dos hombres en Costa Rica, un país conservador donde la decisión de la Corte IDH ha generado polémica en plena campaña electoral hacia las presidenciales del 4 de febrero.
"CAMINO HACIA LA IGUALDAD"
Organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI) convocaron a una manifestación el sábado para protestar contra la medida y dijeron que recurrirán a amparos constitucionales y otros recursos legales para anularla.
"El mecanismo está en marcha y no hay nada que detenga el camino hacia la igualdad, pero lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar hasta allí", dijo Larissa Arroyo, abogada especialista en asuntos de género, quien se mostró confiada en revertir pronto la decisión.
También grupos religiosos se movilizarán el fin de semana en la capital en rechazo a la resolución de la Corte IDH, criticada por las influyentes iglesias Católica y evangélica y a la que incluso algunos candidatos presidenciales han prometido oponerse pese a ser una obligación constitucional.
Los jueces interamericanos habían instado a los Gobiernos a garantizar estos derechos transitoriamente con decretos o reglamentos, mientras se hacen las reformas para incorporarlos a sus ordenamientos jurídicos. El presidente Solís recurrió a la Corte luego de que no pudo impulsar una reforma en el Congreso.
"El acuerdo del Consejo Superior Notarial contradice no solo la opinión consultiva, sino también la posición del Poder Ejecutivo al respecto", dijo el ministro de Justicia, Marco Feoli, en un comunicado. (Reporte de Enrique Andrés Pretel; Editado por Diego Oré y Pablo Garibian)