- México fortalece la protección a la salud: prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma constitucional que refuerza la protección a la salud de la población, al prohibir el uso, producción, distribución y comercio de cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo ilícito y otras sustancias tóxicas.
El 2 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada (410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones) el dictamen que adiciona disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política. Esta medida busca sancionar todas las actividades relacionadas con dispositivos electrónicos de inhalación y sustancias químicas nocivas, así como evitar su impacto en la sociedad.
Detalles de la reforma
La legislación determina que ninguna profesión, industria, comercio o trabajo vinculado a estas sustancias estará permitido en México. Además, las autoridades federales y estatales deberán ajustar sus marcos normativos dentro de los plazos establecidos: 180 días para el Congreso de la Unión y 365 días para las legislaturas locales.
El decreto establece que los cambios no implicarán nuevos recursos adicionales, ya que las erogaciones necesarias se realizarán con los presupuestos actuales.
Un problema en crecimiento
La reforma encuentra su base en datos alarmantes sobre el uso de estos productos. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, el consumo de cigarrillos electrónicos alcanza al 2.6 % de los adolescentes (aproximadamente 500,000 jóvenes) y al 1.5 % de los adultos (300,000 personas). En el caso del vapeo, la COFEPRIS reporta que cerca de cinco millones de personas entre 12 y 65 años lo han probado alguna vez, mientras que su uso regular afecta a 975,000 individuos.
En cuanto al fentanilo y otras drogas sintéticas, el documento destaca el aumento en su producción y consumo, lo que ha intensificado su combate por parte de las autoridades.
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Iniciativa con respaldo amplio
La reforma es resultado de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, con apoyo de diversas propuestas de legisladores. Esta acción responde a la creciente preocupación por los efectos adversos de estas sustancias en la salud pública y al compromiso de garantizar el bienestar de la población mexicana.
Con esta medida, México da un paso firme hacia la protección de la salud, promoviendo un marco normativo más estricto frente a los riesgos asociados con estas sustancias y dispositivos.