Infosel, abril. 26.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Comunicación Social para regular el uso de propaganda pública en los medios de difusión masiva en el país, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención.
Los senadores aprobaron así la nueva legislación que determinará los tiempos de difusión que tendrán los distintos órdenes de gobierno, mientras que crea un registro público de los medios que pueden acceder a contratos de publicidad y difusión con entes gubernamentales, al mismo tiempo que da mayor transparencia al proceso de propaganda gubernamental.
"Creemos que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz", dijo Raúl Aarón Pozos Lanz, presidente de la Comisión de Gobernación de ese órgano legislativo, de acuerdo con un comunicado. "Prevé el manejo transparente de los recursos públicos; establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los Poderes de los tres órdenes de gobierno y de los entes públicos".
Esa legislación fue resultado de la exigencia que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recomendó a los legisladores que dictaran una ley que eliminara el uso discrecional que hacen los gobiernos al contratar publicidad oficial.
Para los ministros del máximo tribunal del país, el uso discrecional de estos recursos ha sido utilizado como una estrategia de presión de varios gobiernos, quienes pueden elegir si dan o no contratos de publicidad a los medios de acuerdo con sus intereses.
De ahí que, a pesar que los diputados y senadores cumplieron con la orden de la Corte de tener lista una legislación antes del 30 de abril, el proceso no estuvo lejos de críticas entre quienes vieron una ley a modo y que no resuelve de fondo el problema del uso faccioso de los recursos públicos.
"El Congreso está desaprovechando la oportunidad de legislar debidamente la publicidad oficial", dijo Artículo 19 México, una organización civil encargada de defender la libertad de prensa a nivel mundial, quien ha sido una de varias entidades críticas respecto a la ley avalada esta madrugada, a través de su cuenta en la red social Twitter. "La Ley Chayote no protege la libertad de expresión de los medios, no garantiza el derecho a la información y no asegura transparencia".
En la jerga periodística se conoce como chayote al pago de dádivas o sobornos que se hace a los reporteros para que hablen bien de un político o de un partido. En este caso, se acusa de recibir chayotes a quien asigna un mayor presupuesto en publicidad oficial a un medio que quizá tiene una cobertura más amigable de ciertos temas.
Artículo 19, como muchos otros, han criticado en varias ocasiones el alto gasto que el gobierno hace en campañas de promoción de programas. Sin embargo, esa misma organización civil ha dicho en reiteradas ocasiones y en diversos estudios que ese gasto no debe terminarse, sino transparentarse, para evitar que se use con fines de presión, algo que algunos creen no sucedió.
"No con atender [la demanda de la Corte] en tiempo, lo estamos haciendo en forma", dijo Marta Tagle, senadora sin grupo parlamentario, durante su presentación ante el pleno del Senado.
Entre las nuevas disposiciones que contiene la legislación aprobada está el que la Secretaría de Gobernación será la responsable de regular los gastos de comunicación social de toda la administración pública, mientras que la Secretaría de la Función Pública será la encargada de fiscalizar esos recursos.
Ahora, el 40% de los tiempos del Estado se asignan al Poder Ejecutivo Federal, el 30% al Legislativo, el 20% a los entes autónomos del gobierno y el 10% al poder Judicial para ser "utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social", dice la regulación.
Además, creará el Padrón Nacional de Medios de Comunicación para que medios que pretendan participar en la contratación de propaganda se inscriban de manera previa.
Luego de que la legislación fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril, la nueva disposición será enviada al Ejecutivo para su aprobación y promulgación para entrar en vigor.