CIUDAD DE MÉXICO, 16 abr (Reuters) - El Senado de México aprobó de forma sorpresiva una extensión de dos años al mandato del presidente de la Suprema Corte, una medida criticada por la oposición, que la calificó como un intento del partido oficialista por fortalecer su control sobre las instituciones mexicanas.
El actual titular del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, que ha apoyado púlicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y del que este último ha dicho que es un hombre íntegro al que tiene confianza, fue designado en enero de 2019 con un cargo que finalizaría el 31 de diciembre de 2022.
Si la propuesta de extender su gestión es aprobada en la Cámara de Diputados, dominada por el oficialista Morena como el Senado, Zaldívar ocuparía su puesto hasta el 30 de noviembre de 2024. En la cámara alta, la modificación fue avalada el jueves por 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por Zaldívar, aclaró en un comunicado que no estuvo involucrado con dicha iniciativa, la cual se sumó a otras modificaciones a las leyes del Poder Judicial que también se votaron el jueves.
"No sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal", dijo en un comunicado.
El CJF agregó que, debido a que el procedimiento legislativo continúa y que la disposición podría ser modificada, esperará a la votación de la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto. Zaldívar no hizo comentarios públicos.
El senador Damián Zepeda del Partido Acción Nacional se opuso advirtió que la medida podría abrir la puerta a más intentos de ampliar mandatos, incluido el de la presidencia de México. "Morena (partido oficialista) busca hacerse del poder por medio de una ilegalidad", dijo Zepeda en Twitter.
En mayo, la Suprema Corte derogó por unanimidad una ley de 2019 que había extendido el mandato del gobernador del norteño estado Baja California, quien es miembro de Morena. Zaldívar comentó en ese momento que diferir el término habría sido equivalente a cometer un "fraude postelectoral". (Reporte de Daina Beth Solomon y Abraham González; Editado por Raúl Cortés)