18 ene (Sentido Común) - En agosto del año pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica anunció que estaba en condiciones de retomar una investigación que realiza por aparentes irregularidades observadas en la venta del distribuidor de medicamentos Grupo Comercial e Industrial Marzam por parte de la farmacéutica Genomma Lab (MX:LABB) Internacional a Moench Coöperatief, un fondo de inversión holandés.
De ahí que Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de sancionar las prácticas monopólicas en el país, confirmó que ese caso sigue en pie e incluso mandó la primera notificación en seis meses a un interesado en este proceso.
El regulador antimonopolios inició la pesquisa sobre la venta de Marzam en 2016, ante las sospechas de que detrás del fondo de inversión holandés estaba la empresa Nadro, quien tendría un conflicto de interés en este caso por ser la principal competidora en el mercado de distribución de medicamentos en el país.
Cofece inició su averiguación sobre la venta de Marzam sin contratiempos, pero meses después recibió un revés que le impidió continuar con sus labores luego que algunos de los investigados interpusieron y obtuvieron amparos en estrados judiciales.
Esos amparos impidieron que la Comisión utilizar las herramientas que le confiere la ley para indagar prácticas anticompetitivas en los mercados, como realizar interrogatorios, solicitar información o visitar las instalaciones de los investigados y obtener cualquier documento que consideren necesario para armar el expediente.
Al obtener la protección del juez, la pesquisa que realiza la entidad responsable de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados topó con una pared, algo que nunca había ocurrido porque las leyes mexicanas solo ofrecen amparos ante fallos finales de Cofece, no contra sus procedimientos, y solo ante instancias especializadas en competencia económica.
De ahí que para la Comisión, esos amparos fueron sorpresivos y que terminaron por frenar la investigación cerca de un año.
"En un hecho sin precedentes desde la reforma constitucional, porque no había pasado antes. Estas demandas de amparo fueron admitidas en un principio por juzgados en materia administrativa", dijo Alejandra Palacios, comisionada presidente de Cofece, en una conferencia de prensa en agosto, cuando anunció que la dependencia ya estaba en condiciones de retomar la pesquisa.
Esos juzgados "no cuentan con la facultad de tramitar juicios de amparo relacionados con los actos de la Cofece", dijo en ese entonces Palacios y agregó que el regulador antimonopolios tuvo que acudir a tribunales especializados en competencia para que desactivaran los amparos de los administrativos y con ello pudiera continuar sus labores. "Volvemos a estar en posibilidad de ir avanzando en este asunto".
Desde esa conferencia de prensa no era claro si Cofece había seguido con sus averiguaciones, una duda que quedó resuelta ayer luego que la dependencia envió una notificación a la empresa Gibart, como parte del expediente que abrió para indagar la compra de Marzam.
Cofece no ofreció detalles acerca de la razón por la que notificó a Gibart, una tenedora de acciones que pertenece a Genomma Lab.
Claro que la pesquisa pudo haber continuado desde agosto pasado, cuando Palacios dijo que Cofece estaba en condiciones de continuar con el caso. Sin embargo, no existía evidencia de que esto hubiese sucedido.
Gibart ya había sido notificada por Cofece por este caso en 2016, junto con los consejeros de Genomma y otros involucrados en el caso, como el intermediario financiero Merrill Lynch México Casa de Bolsa, el despacho de asesoría contable Mancera, filial de la consultora internacional Ernst & Young.
Cofece inició la investigación sobre la compra de Marzam luego que el portal AristeguiNoticias reportó, con base en documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca, que el fondo holandés había financiado la compra con recursos de Marina Matarazzo de Escandón, la esposa Pablo Escandón, el presidente y director general de Nadro.
Si bien Cofece autorizó la transacción en septiembre de 2015 para que Moench Coöperatief adquiriera un interés de control en Marzam, ahora la dependencia está evaluando si la operación fue realizada conforme a la ley.
Matarazzo y el abogado Luis Doporto, quien aparentemente la asesoró en la transacción, fueron algunos de los que buscaron amparos de jueces administrativos, pero estos fueron posteriormente desestimados por tribunales de competencia económica.
Al menos un caso aún está abierto con un amparo que tramitó Marzam y que luego fue turnado a un tribunal especializado. Este caso aún no cuenta con una sentencia.
Coefece y los involucrados en el caso han declinado hacer comentarios adicionales sobre la investigación. (Redacción Sentido Común)