por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, noviembre. 15.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, declaró inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior promulgada por la actual administración, mediante la cual México buscaba crear un marco legal para regular la actuación de las fuerzas armadas cuando realicen tareas de seguridad pública.
Desde que fue presentada al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto, la ley generó gran controversia en diversos grupos sociales y organizaciones de derechos humanos, por el temor de que la iniciativa militarice al país --una posibilidad que rechazaron categóricamente los defensores de la legislación.
Además, no fueron pocos quienes advirtieron los riesgos de darle la responsabilidad de proveer seguridad pública a un cuerpo que no cuenta con la formación para hacerlo.
Sin embargo, ahora la Suprema Corte la declaró inconstitucional con 10 votos a favor y una contra de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal del país.
En su resolución los ministros argumentaron que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia.
El problema que ven los oponentes a esta ley es que para ellos la ley brinda a las fuerzas armadas un cheque en blanco para actuar en tareas que no le corresponden, algo que algunos piensan que podría dar al ejecutivo las facultades para usar esas fuerzas contra sus enemigos políticos, o contra grupos civiles o sociales que protesten las políticas gubernamentales.
Los defensores de la ley negaron, sin embargo, rotundamente que la iniciativa brinde esas facultades o permita un mal uso de las fuerzas armadas.
Ley de Seguridad Interior establece que el presidente podrá ordenar, por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, luego de emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.