Se gravan bonos en dólares y en pesos, públicos y privados, inclusive los pagarés, Obligaciones Negociables (ON) y cambio de cheques de las pymes. Plazos fijos adentro también. La compraventa de inmuebles paga ganancias, se revalúan las propiedades y se persigue a los que dan en alquiler. Solo las acciones se salvan, por ahora.
La avanzada impositiva sobre los inversores no se detiene, el Gobierno nacional busca dinero por todos lados, y en su incansable camino hacia el equilibrio fiscal, termina dañando a sectores de la producción, inversores y a quienes buscan financiamiento.
El camino comenzó con el impuesto a la renta financiera, que alcanza al 15% para inversiones en el área dólar y 5% para el área de pesos. Esto impacta en los plazos fijos, bonos del estado, ON, pagarés y todo tipo de colocación financiera que genere una renta.
De todos estos instrumentos solo los bonos del Estado se libran de pagar bienes personales, el resto también está gravado por este tributo.
La consecuencia lógica de estos tributos, es que los inversores solicitan una mayor tasa de interés, y por ende se carece el financiamiento del sector público y privado.
En la actualidad la tasa de riesgo país se ubica arriba de 600 puntos, si no tuviéramos este impuesto seguramente rondaría los 500 puntos, pero la voracidad fiscal es superior a cualquier mirada de tipo estratégico para mejorar la productividad y eficiencia del Estado. Resulta loco, pero es un impuesto en que el Gobierno se perjudica a sí mismo, porque les cobra un tributo a los que invierten, pero estos se lo trasladan demandando una tasa más elevada para financiarlo.
Las ON, pagarés y cambios de cheques pagan el impuesto a la renta financiera, con lo cual las Pymes que buscan una alternativa de financiación más económica vía mercados de capitales, y sociedades de garantía recíproca, quedan atrapadas en la telaraña impositiva actual.
Las acciones son el único instrumento que no paga impuesto a la renta financiera y bienes personales, sería el activo adecuado para escapar a la presión emotiva estatal. Sin embargo, el inversor local no está acostumbrado a tanta volatilidad, las empresas no pagan buenos dividendos en efectivo, y no hay una cultura para aprovechar los mercados de futuros y acotar riesgos.
Respecto a los mercados de futuros, en todos los casos las ganancias provenientes de dichos mercados para personas jurídicas están gravadas con el impuesto a las ganancias del 30%, mientras que para personas físicas aún no está reglamentada, pero suponemos que saldrá más gravoso, al 35% anual.
Es una locura que operaciones de cobertura no estén exentas del impuesto a las ganancias, ya que deberían ser alentadas por el Estado para que los inversores, productores, industrias y comercios, se aseguren un precio para mejorar su rentabilidad o bien acotar la volatilidad de los precios en el mercado. El profundo desconocimiento del Estado alarma con este tipo de comportamiento.
Por otro lado, el gobierno nacional debería ser el principal actor de mercado en materia de coberturas, ya que, con el impuesto a las retenciones, es el socio de todos los sectores productivos que exportan en la República Argentina, y operando en dicho mercado se aseguraría una determinada recaudación y no quedar expuesto a la volatilidad de precios internacionales.
• Un párrafo aparte para la construcción
La construcción también quedo gravada con el impuesto a las ganancias del 15%, para la diferencia entre el precio de compra, actualizado por índice de precios mayorista, y el precio de venta, desde el año 2018 en adelante.
Con medidas como estas se desalienta claramente la compra de propiedades, lo que afecta a uno de los sectores más dinámicos de la economía, ya que la construcción genera un efecto multiplicador sobre muchos otros sectores.
Por si esto no fuera poco, el Gobierno procederá a revaluar los valores de todas las propiedades para, de esta forma, cobrar más en concepto de impuesto a los bienes personales, y atentar contra la rentabilidad de quienes tienen departamentos en alquiler.
El Estado, para asegurarse que los inversores vivan una verdadera pesadilla económica, está instrumentando una nueva ley de alquileres, con amplios beneficios para el inquilino, y menos protección al dueño de la propiedad.
Un sector como la construcción que crecía a tasas interesantes, el Estado con su intromisión impositiva lo está llevando a una desaceleración, y pérdida de atractivo, al colgarle una serie de tributos que desalientan la inversión.
• Conclusión
El gobierno nacional aplicó una serie de tributos a la inversión en el mercado de capitales y en la construcción, que atentan contra la inversión de los actores económicos, encarecen el financiamiento a empresas y postergan los proyectos productivos en materia edilicia. Se genera un incentivo a invertir en acciones.
Los agentes económicos no se sienten seguros invirtiendo en acciones, empresas ligadas a la construcción u otros sectores que cotizan en bolsa, nunca reflejan en su cotización fielmente la evolución del sector, pagan pocos dividendos en efectivo, y no existe en la argentina una debida protección del inversor minoritario.
En este contexto los inversores se volcaban a comprar propiedades que son el mejor resguardo de valor para la mayoría de la población argentina, en segundo lugar, los bonos que no pagan impuestos a las ganancias y bienes personales, y en tercer lugar el canuto, que son dólares en caja de seguridad.
Bajo la actual presión tributaria el Gobierno logró:
1) Que se desacelere la inversión en construcción.
2) Que el mercado de las viviendas esté ofertado, porque no hay rendimiento atractivo con la revaluación de inmuebles y a la nueva ley e alquileres.
3) El financiamiento de empresas se encarece, al castigar al inversor que quiere financiar a una Pyme.
4) El propio Estado se financia más caro con el impuesto que por un lado lo cobra, pero por otro lo paga, casi que se pega un tiro en el pie.
5) El Gobierno desalienta las operaciones de cobertura en los mercados de futuro, si las alentara con desgravaciones tendría menos volatilidad de precios, probablemente bajaría la inflación y recaudaría más con otros tributos.
6) El canuto de dólares en caja de seguridad pasa a ser el deseo colectivo, ya que solo paga impuesto a los bienes personales, pero el mayor valor del dólar no está gravado. Esta forma de ahorro no genera externalidades positivas a la economía.
El Gobierno tiene menos calle que Venecia, si se diera cuenta que sacando tributos alienta a la inversión, producción y el empleo estaríamos mucho mejor. La presión tributaria sobre los mercados de cobertura es imperdonable, confundir cobertura de precios con especulación, es como vivir en el paleozoico, cuando hoy existe el Silicon Valley.