Aunque entidades como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) han destacado que Colombia son de los pocos países que tienen la ventaja de expandir su frontera agrícola y que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) afirma que la producción agropecuaria promete ser el principal impulsor del crecimiento económico de Colombia, la inversión interna y extranjera para el sector, ha sido históricamente baja.
La seguridad jurídica y personal, además de la falta de acceso a bienes públicos, han sido dos enemigos para atraer capital. Al revisar la Inversión Extranjera Directa (IED), se puede ver que esta ha permanecido estancada en materia agrícola y representa un 1,8% de la inversión total de Colombia. Así mismo, al verificar los créditos, otro indicador de inversión, se ha podido comprobar que sólo un 30% se destina a compra de nuevos animales o aumento de áreas sembradas. Mientras que el 70% restante, en su gran mayoría, hace referencia a los desembolsos de capital de trabajo.
El resurgimiento de la inversión en el campo será la salvación de la economía nacional que podría crecer entre un 1,1% y 1,9% adicional al PIB actual, según los expertos. La firma de la paz ayudará a este objetivo, siendo el sector productivo el que más alegrías traería al país.
Para esto, Colombia ya se viene preparando, pues los desafíos en materia de cierre de brechas entre lo urbano y lo rural están por superarse. Lo primero que realizó el gobierno fue el tercer Censo Nacional Agropecuario, para tener la fotografía actual de la ruralidad y empezar a tomar algunas medidas. Lo segundo, fue la realización de la Misión de la Transformación del Campo, que da un diagnóstico y las estrategias para saldar la deuda histórica. Ejecutarlas costaría $16 billones anuales, en un lapso de 12 años.
El cambio sería radical. Por esto, el Gobierno Nacional ya está adelantando terreno. El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció el fortalecimiento de la Institucionalidad Rural, consolidando al Ministerio de Agricultura como generador de políticas y a sus entidades adscritas, tres nuevas agencias, como brazos de ejecución.
Para el sector privado esta es una buena noticia. También lo ha sido la firma de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES. Esta considera la creación de un modelo productivo incluyente en zonas de pobreza histórica y afectadas por el conflicto armado, en el que deben participar pequeños, medianos y grandes empresarios en proyectos de gran envergadura.
La inversión y el calibre de los planes a desarrollar en las ZIDRES serán determinantes para que Colombia logre garantizar su seguridad alimentaria (que actualmente no la tiene, de hecho en 2015 Colombia importó 11,4 millones de toneladas entre alimentos y materias primas), aumente su oferta exportadora (las ventas externas han crecido solo un 4% en los últimos 15 años, ubicándose en 4,4 millones de toneladas) y aumentar el área sembrada, pues se puede producir más de las 32 millones de toneladas anuales actuales.
Las ZIDRES son clave para superar la etapa del posconflicto. Basta imaginarse que con la desmovilización del Grupo Armado, y que debe extenderse con otros al margen de la ley, se debe tener un plan de oportunidades para las personas y familias. Ellos están contemplados en esas zonas que, vale la pena aclarar, deben respetar las zonas de reserva campesina, asentamientos de comunidades étnicas y reservas naturales.
En víspera de la reglamentación de la Ley y de la firma del postacuerdo, las inversiones están contenidas. Sin embargo, los ojos sí están puestos en Colombia, pues sin duda, el hecho de que haya claridad sobre la tenencia de la tierra y acceso a bienes públicos dotará al sector de herramientas e instrumentos para integrar los eslabones de la cadena agropecuaria y dar rienda suelta a la productividad y rentabilidad agrícola para mejorar la calidad de vida de los colombianos que han vivido en una guerra histórica, en zonas en las que el Estado no ha dado la atención requerida.