SANTIAGO, 5 ago (Reuters) - Las protestas de trabajadores tercerizados y la ocupación ilegal de algunas minas de la estatal Codelco han provocado pérdidas por al menos unos 15 millones de dólares, dijo el miércoles la compañía, aunque las cifras podrían aumentar ante nulas señales de un pronto fin del conflicto.
A más de dos semanas de haberse iniciado las manifestaciones de trabajadores de empresas contratistas, Codelco ha debido suspender las operaciones en la mina Salvador y Ministro Hales, con pérdidas diarias de 500.000 y 400.000 dólares, respectivamente.
Entre los hechos más graves, la minera destacó que en la paralizada mina Ministro Hales manifestantes ingresaron ilegalmente esta semana y cortaron una correa "overland" de transporte de mineral para impedir la continuidad de las operaciones.
"Lamentamos los hechos de violencia que siguen ocurriendo, sobre todo cuando hemos hecho una invitación a conversar", dijo José Robles, vicepresidente de productividad y costos de Codelco.
Los trabajadores tercerizados rechazan dialogar con sus empresas contratantes y pidieron al Gobierno establecer una mesa de negociación directamente con la mayor productora mundial de cobre. La idea es replicar y renovar un Acuerdo Marco, firmado por última vez en 2013, para mejorar beneficios contractuales.
Sin embargo, Codelco dice que su rol en estas negociaciones es sólo de "facilitador" entre los trabajadores tercerizados y las empresas contratistas.
En medio de estas manifestaciones, la minera dijo que en los primeros días de movilizaciones la división Gabriela Mistral sufrió daños evaluados en unos 3 millones de dólares por daños a un tambor de acidificación y ante un atentado incendiario contra un camión de alto tonelaje.
También en los inicios de las protestas se registró un intento de sabotaje al tren que transporta mineral en División Andina tras ser dañado su sistema de freno y las vías férreas.
Estos incidentes han ocurrido mientras en Santiago ejecutivos de la minera y dueños de empresas contratistas se han reunido pese a que dirigentes de los trabajadores tercerizados se han restado de las reuniones. (Reporte de Antonio de la Jara, editado por Manuel Farías)