El Senado mexicano ha dado su aprobación general a una importante reforma judicial a primera hora del miércoles, preparando el terreno para una votación final. Esta reforma, propuesta por el Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, pretende transformar el poder judicial introduciendo la elección de los jueces por votación popular.
La decisión del Senado se produjo tras una votación de 86 votos a favor y 41 en contra de la reforma, que ya había sido aprobada por la Cámara Baja la semana pasada. La aprobación no estuvo exenta de polémica, ya que senadores de oposición del partido PAN, entre ellos Miguel Ángel Yunes, acusaron al partido gobernante Morena de utilizar tácticas turbias para asegurar votos. Las acusaciones incluyeron la detención de un senador para evitar que votara y otros casos de presión o soborno, todo lo cual ha sido negado por Morena.
La reforma propuesta incluye la elección popular de más de 6.500 jueces y magistrados, medida que incluye a los ministros de la Suprema Corte. Además, la reforma reducirá el número de magistrados del Tribunal Supremo de 11 a 9, limitará sus mandatos a 12 años, eliminará el requisito de edad mínima de 35 años y reducirá la experiencia laboral necesaria a 5 años.
Esta amplia reforma ha suscitado preocupación entre los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, que han advertido de que podría socavar el pacto comercial USMCA y afectar negativamente a la inversión. Los mercados financieros también han reaccionado, y el peso mexicano se ha debilitado un 17% desde las elecciones del 2 de junio, en las que el partido Morena obtuvo una aplastante victoria.
El martes, mientras el Senado debatía la reforma, los manifestantes irrumpieron en el edificio del Senado, interrumpiendo la sesión. Los manifestantes ondearon banderas mexicanas y acusaron a los senadores de traición.
Los críticos de la reforma temen que amenace el Estado de Derecho y conduzca a una alarmante concentración de poder en manos de Morena. Sin embargo, López Obrador ha defendido la reforma como esencial para mantener la integridad del poder judicial y garantizar que sirva al público y no a los intereses criminales.
La responsabilidad de gestionar las consecuencias de esta reforma recaerá en Sheinbaum, que asumirá el cargo el 2 de octubre de 2024. Se espera que la aplicación y las posibles consecuencias de la reforma sean un tema importante durante los primeros meses de su mandato.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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