por Kenia Arteaga
Infosel, octubre. 22.- Los empresarios en el país volvieron a alzar la voz en contra de la consulta que decidirá el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e incluso ahora adelantaron que no darán como válidos los resultados de este ejercicio de participación ciudadana, independientemente de cuál sea la opción favorecida.
El Consejo Coordinador Empresarial, o CCE, el organismo que representa los intereses de las principales cámaras industriales del país, dijo que la consulta ciudadana que ordenó el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, no puede ser considerada como legalmente vinculante porque no cumple con los requisitos marcados por la Constitución y por la Ley de Federal de Consulta Popular.
López Obrador pidió consultar a los ciudadanos si prefieren seguir adelante con la construcción que está en marcha del NAIM en los terrenos de lo que fue el lago de Texcoco, o bien, si optan por cancelar esa obra.
En caso que el proyecto en Texcoco pare, la opción del nuevo gobierno es crear un sistema de aeropuertos en el Valle de México, el cual usará la terminal aérea capitalina actual pero aumentará su capacidad primero con la edificación de dos pistas comerciales en el aeropuerto militar de Santa Lucía y después con la modernización del aeropuerto de Toluca.
Esa consulta se realizará entre del jueves 25 al domingo 28 de octubre, en 538 municipios del país.
No obstante, a unos días que inicie el ejercicio, el principal órgano de representación de los empresarios del país reiteró que la decisión de cuál debe ser el proyecto aeroportuario que prevalezca debe ser técnica y no política, por lo que no están a favor de llevar a cabo la consulta.
"Las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura. . . deben ser asumidas por funcionarios e instituciones facultadas", dijo CCE, en un comunicado. México es una democracia representativa y, por ende, "la responsabilidad jurídica y política. . . es del gobierno".
El CCE considera que la consulta no tiene validez legal porque ésta no se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo 35 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de Consulta Popular.
El artículo 35 constitucional contempla el derecho de votar en consultas en temas de trascendencia nacional, pero estos ejercicios de participación deben cumplir ciertos requisitos como que sean convocados por el Congreso de la Unión, que el Instituto Nacional Electoral esté a cargo del desarrollo, cómputo y declaración de los resultados, además que la consulta popular debe realizarse el mismo día en que se realice la jornada electoral federal, entre otros.
López Obrador ha dicho que la consulta tendrá carácter vinculatorio y terminará acatando los resultados de la consulta sin importar el número de ciudadanos que acudan. De acuerdo con la Fundación Arturo Rosenblueth, que será responsable de procesar los resultados de la consulta, la participación estimada es de un millón de personas, en el mejor de los casos, o poco más de 1% de la lista nominal de votantes del país.
No obstante, la Constitución establece que para tener carácter vinculatorio debe contar con una participación total de al menos 40% del total de la lista nominal de electores.
Claro que esa condición podría no aplicar al ejercicio que ordenó el equipo de transición, debido a que no es un acto de gobierno y su gestión inicia hasta el primer día de diciembre de este año, lo que abre una laguna en el alcance de este ejercicio.
Por otro lado, el Consejo Empresarial planteó en el mismo comunicado cierta preocupación sobre la forma en la que se llevará a cabo ésta consulta porque considera que ésta "no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad".
Muchos han advertido en el pasado que las opiniones de algunos en el equipo de López Obrador, como el ingeniero Javier Jiménez Espriú, que será el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, han mostrado mayor inclinación por la opción de Santa Lucía debido a que supuestamente exigirá una menor cantidad de recursos del gobierno y estaría listo antes que el NAIM.
Incluso, hace unos días, en una gira de agradecimiento con simpatizantes del país, López Obrador reconoció que también está en contra de seguir adelante con la edificación del NAIM en Texcoco.
"No quiero dejar de ser imparcial, pero si me lo permiten, nada más por esta vez, si se hacen las dos pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100 mil millones" de pesos, dijo el presidente electo, quien tiene 64 años de edad, en una conferencia ofrecida en Coahuila, tras una reunión con Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de esa entidad.
Para el CCE, sin embargo, esa no es una buena señal y dijo que los actores a cargo de la consulta, así como los materiales informativos que proporcionan, han mostrado un sesgo hacia una de las opciones, en específico la posibilidad de comenzar un sistema aeroportuario.
"Consideramos que no existen condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo", dijo el Consejo Empresarial en el comunicado. "No tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante".
El gremio empresarial se expresó a favor de seguir adelante con el proyecto en Texcoco y con respetar los contratos que ya están firmados por empresas que trabajan actualmente en el proyecto de Texcoco.