Por Brendan Pierson
NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) - Un grupo de derechos civiles de Nueva York demandó el martes a funcionarios del Gobierno de Donald Trump por lo que describió como la detención prolongada de niños inmigrantes, culpando a los cambios recientes en la política de la administración estadounidense por mantener a los menores detenidos sin causa.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por su sigla en inglés), que presentó la demanda en la corte federal de Manhattan, busca representar a una categoría de niños bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por su sigla en inglés) en Nueva York. El grupo dijo que probablemente había al menos 40 de esos niños.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la agencia matriz de la ORR, no quiso hacer declaraciones.
Trump, un republicano, ha convertido a la reducción de la inmigración y la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos en una piedra angular de su agenda.
La mayoría de los niños bajo la custodia de la ORR fueron arrestados por las autoridades de inmigración luego de ingresar ilegalmente al país sin un adulto. Según la ley federal, se supone que los niños con familiares u otros adultos en Estados Unidos que están calificados para cuidarlos deberían ser liberados de custodia mientras se resuelven sus casos.
El demandante principal en el caso es un niño de 17 años, identificado en la acción como L.V.M. El menor llegó a Estados Unidos desde El Salvador con su madre y su hermano en el 2016 huyendo de la violencia de pandillas, y la familia ha solicitado asilo, según el NYCLU.
Según el requerimiento, L.V.M. fue removido de su hogar en Long Island por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en julio del 2017 y detenido, según informes de la policía que indicaban que estaba involucrado con la pandilla MS-13, que según dijo la NYCLU eran falsos.
L.V.M. permanece bajo custodia de la ORR unos siete meses después, a pesar de que un juez de inmigración y un supervisor local de la ORR determinaron que no representa una amenaza, según la demanda. (Reporte de Brendan Pierson. Editado en español por Carlos Aliaga)