Edmundo González, ex candidato presidencial de la oposición, ha presentado una declaración jurada ante la Fiscalía General de la República a través de su abogado, José Vicente Haro. La declaración jurada fue entregada el miércoles, explicando las razones de González para no responder a tres citaciones previas.
Estas citaciones estaban relacionadas con una investigación sobre un sitio web que publicó recuentos de votos de las controvertidas elecciones de julio, que provocaron protestas y la detención de figuras de la oposición.
La autoridad electoral nacional y el máximo tribunal de Venezuela declararon ganador de las elecciones al presidente Nicolás Maduro por un estrecho margen. Sin embargo, la oposición y algunos observadores internacionales han impugnado los resultados, acusando a las elecciones de falta de transparencia y alegando fraude.
González, que cumplió 75 años la semana pasada, declaró en su carta que no era responsable de la publicación de los recuentos de votos y citó la ley que permite a los testigos de los candidatos recibir los recuentos. Su abogado expresó la esperanza de que la fiscalía reconozca que las acciones atribuidas a González no son delictivas.
El lunes se emitió una orden de detención contra González, con cargos que incluyen usurpación de funciones y conspiración. Esta medida ha sido criticada por muchos países, incluido Estados Unidos, y ha suscitado preocupación entre los gobiernos de Brasil y Colombia. El canciller de Colombia mencionó una posible llamada entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Maduro para discutir la situación.
El periodo postelectoral se ha visto empañado por la violencia, con al menos dos docenas de personas que han perdido la vida en las protestas. Human Rights Watch informó haber recibido denuncias de 23 manifestantes y un miembro de la guardia nacional muertos, con documentación detallada de seis casos. El informe destacaba casos en los que las fuerzas de seguridad o grupos progubernamentales estaban implicados en las muertes.
El gobierno venezolano ha calificado a la oposición de movimiento fascista y la ha culpado de las muertes en las protestas. También ha informado de que 27 personas murieron en las protestas y que unas 2.400 han sido detenidas. El gobierno aún no ha respondido al informe de HRW.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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