LONDRES, 7 mar (IFR) - Exaccionistas de Banco Popular (MC:POP), que fue vendido por 1euro a Santander (MC:SAN) en junio de 2017 tras decretar su resolución el Banco CentralEuropeo (BCE), han abierto dos nuevos frentes para pedir compensaciones por suspérdidas.
Un grupo de inversores liderado por el multimillonario mexicano Antonio delValle, quien fuera consejero y uno de los máximos accionistas, presentó unasolicitud en un juzgado de Nueva York en la que pide que Santander reveleinformación sobre la adquisición de Banco Popular.
Como parte de este proceso, los inversores también enviaron una carta el 22de enero al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que definensus reclamaciones contra España en virtud del tratado bilateral de inversionesque tiene con México desde 2006.
Argumentan que la resolución de Popular por parte del Estado español, através de su fondo de rescate bancario FROB (encargado de ejecutar el procesodictado por BCE), sin considerar otras opciones como la ampliación de capital ouna venta bajo circunstancias menos desventajosas, fue arbitraria y supuso queestos inversores perdieran 470 millones de euros (incluyendo bonos y acciones).
Los accionistas de Popular, junto con los titulares de bonos convertibles ysubordinados, soportaron todo el peso de las pérdidas al ver amortizados susvalores sin ninguna compensación, 1.300 millones en el caso de los accionistas(según su capitalización en el momento de la venta) y 1.900 millones en el casode los bonistas.
Por su parte, Santander se llevó Popular por un euro, pero asumió sulimpieza, con lo que se evitó la utilización de fondos públicos, como sí habíaocurrido en el rescate de numerosas cajas de ahorro anteriormente. la valoración independiente de Deloitte, utilizada por las autoridadesantes de tomar la decisión de disolver el banco y revelada recientemente,Popular podría haber tenido un valor de unos 1.300 milliones de euros en elescenario más optimista contemplado por el auditor, aunque la estimación centralDeloitte lo valoraba en un importe negativo de 2.000 millones. a presentar la apariencia de un proceso competitivo de pujas, enrealidad España llevó a cabo una venta mediante una subasta simulada que serealizó para asegurar un resultado predeterminado con Santander como únicocandidato", indicaba la carta a Rajoy.
Banco Popular se había embarcado en su propio proceso para aumentar capitalo encontrar nuevos accionistas. El grupo mexicano había sido contactado sobre laposibilidad de una ampliación de capital antes de la venta a Santander, yDeutsche Bank y Barclays (LON:BARC) habían indicado que asegurarían el proceso de captaciónde fondos.
Según los inversores, el Banco de España negó a Popular una provisiónurgente de liquidez (ELA, bajo sus siglas en inglés) adicional por 6.000millones de euros, que en su opinión podrían haber permitido al banco aguantarhasta que se inyectara nuevo capital, por lo que argumentan que se perjudicó alos accionistas y a otros inversores.
"Pese a las peticiones de Banco Popular de liquidez de emergencia para queno cundiera el pánico y estabilizar su posición de liquidez, España negóinicialmente la ayuda y después solo concedió un tercio de lo que Banco Popularhabía solicitado para superar la retirada de fondos del banco", indica eldocumento presentado ante el juzgado de Nueva York.
Tras el proceso, el Banco de España dijo que Banco Popular no habíapresentado todas las garantías disponibles para seguir recibiendo la liquidezdel Banco Central Europeo (BCE). El subgobernador del Banco de España, JavierAlonso, dijo entonces que Popular tenía más colateral de lo que habíapresentado. Rubinstein, socio del bufete Kirkland & Ellis que representa al grupode inversores mexicano, denominado MIG, dijo que España había violado susobligaciones bajo el tratado de proporcionar un "trato justo y equitativo, unentorno jurídico y regulatorio estable y predecible, protección contra medidasarbitrarias y no transparentes... y contra la expropiación ilegal".
El grupo dice que la información de Santander sobre cómo fue capaz devalorar Popular antes de realizar su oferta, y lo que le dijeron las autoridadesespañolas sobre la posición de liquidez del banco, también respaldarán susacciones contra la Comisión Europea y la Junta Única de Resolución (JUR). Losinversores mexicanos ya presentaron una demanda ante los tribunales europeo dejusticia el 4 de agosto del año pasado.
"Santander, como comprador y único propietario de Banco Popular, fuepartícipe activo y central en el proceso de resolución y por lo tanto está enposesión de documentos e información muy relevante para entender la base sobrela que se ordenó la resolución", dijo Rubinstein.
Los arbitrajes internacionales establecen un plazo inicial de seis mesespara acordar una solución antes de que se tomen los siguientes pasos pararesolver la situación en los tribunales. No se prevé que España responda hastala fase final de este periodo inicial, que finalizaría el 21 de julio.
Otros bonistas, entre ellos Anchorage Capital, Algebris Investments y RonitCapital, han presentado demandas contra las autoridades europeas y pideninformación sobre las peticiones de liquidez realizadas por Popular al Banco deEspaña y al BCE dos días antes de la resolución.
No fue posible obtener comentarios de manera inmediata de Santander y elGobierno.