En una medida sin precedentes, la juez de distrito Martha Eugenia Magaña López de Morelos, México, ha dictado una orden que impide a la Cámara Baja del Congreso debatir una importante reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida cautelar, dictada hoy, se mantendrá en vigor hasta que se resuelva sobre una suspensión permanente el 4 de septiembre.
La polémica reforma, que ha sido fuente de tensiones con Estados Unidos y preocupación para los inversores extranjeros, incluye disposiciones para elegir unos 7.000 cargos judiciales por votación popular, rebajar los requisitos de experiencia y edad para estos puestos y reducir el tamaño del máximo tribunal de la nación.
Los partidarios de la reforma argumentan que democratizará el sistema y abordará las ineficiencias del servicio público, mientras que los opositores temen que interrumpa las carreras judiciales, centralice el poder en el poder ejecutivo y exponga potencialmente al poder judicial a la influencia criminal.
Además de la orden del juez Magaña López, otro juez de distrito en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, falló a favor de los jueces que se oponen a la reforma el mismo día. Este fallo por separado busca impedir que la reforma sea enviada a las legislaturas estatales para su ratificación en caso de que el Congreso la apruebe.
A pesar de estas órdenes judiciales, Ricardo Monreal, líder del partido gobernante Morena en la Cámara Baja, declaró el sábado por la tarde que el Congreso haría caso omiso de las decisiones de los magistrados, a las que calificó de "intromisión indebida y grosera." Monreal enfatizó que los legisladores sólo son responsables ante sus votantes.
El presidente López Obrador se ha pronunciado sobre la necesidad de una reforma judicial, alegando que el sistema actual favorece los intereses del crimen organizado. Afirma que una revisión es esencial para erradicar la corrupción. Claudia Sheinbaum, que asumirá la presidencia el 1 de octubre, también ha expresado su apoyo a la reforma, citando su potencial para reducir los altos índices de impunidad del país en delitos violentos.
La reforma también ha hecho saltar las alarmas entre los sindicatos de trabajadores judiciales, que argumentan que los cambios vulnerarían los derechos laborales y podrían permitir que intereses especiales, incluidos grupos criminales, dominaran el poder judicial. Los inversores se han hecho eco de estas preocupaciones, sugiriendo que la reforma podría socavar uno de los controles clave del poder ejecutivo e impactar negativamente en el entorno empresarial de la segunda mayor economía de América Latina.
López Obrador reveló a principios de semana que había suspendido temporalmente sus contactos diplomáticos con las embajadas de Canadá y Estados Unidos por sus críticas a la reforma, que percibía como una afrenta a la soberanía de México. Aclaró que la pausa era específica para las embajadas y no indicativa de relaciones más amplias con los países.
Reuters colaboró en la elaboración de este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.