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¿Y después de la reforma judicial?

Publicado 05.09.2024, 07:31 p.m
© Reuters.  ¿Y después de la reforma judicial?

AMEXI - Ciudad de México, 5 Sept (AMEXI).- Eliminar los organismos autónomos en México, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, representaría un retroceso de por lo menos 20 años.

Por eso, la organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), pidió al pleno de la Cámara de Diputados desechar la propuesta, particularmente la correspondiente al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que calificó como violatoria flagrante de los derechos humanos tipificados en la Carta Magna.

El presidente del organismo, Rafael Lara, explicó en entrevista que más allá de “caprichos” o “intereses políticos”, el acceso a la información es un derecho tipificado en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el cual, en diciembre de 2002, se creó el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y que a la postre se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El activista en favor de los derechos humanos recordó que la conformación del órgano de transparencia fue resultado de décadas de lucha de diferentes sectores de la sociedad.

Tal es el caso de académicos, estudiantes, periodistas, profesionistas y partidos políticos, sobre todo de oposición al régimen que imperaba en aquel entonces pero que hoy en día son autoridad, por lo que resulta, enfatizó, una clara desfachatez política y falta de respeto a la civilidad.

Dijo al respecto que “el acceso a la información no puede estar al deseo de un grupo político o, peor aún, al capricho de una sola persona; es un derecho constitucional que obliga los diferentes órdenes de gobierno y demás instituciones públicas.

Esto es que no sólo del ámbito federal, a entregar información fidedigna y satisfactoria a la sociedad, lo que permite contribuir a un buen funcionamiento del sector público, situación que no se lograría si las funciones del INAI se transfieren a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Y es que el gobierno no puede ser juez y parte, eso ya lo vivió México hasta el 2002 y fue parte clave para preservar el sistema político hegemónico que imperó en México por más de 70 años y que tanto daño le hizo al país”, argumentó el también Maestro en Derecho.

El pasado cinco de febrero, en el marco del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de iniciativas constitucionales, en donde destacó la eliminación de los llamados órganos autónomos o reguladores, entre los que figuró el INAI, bajo el argumento de que sus funciones pueden ser aplicadas por la SFP y con ello generar un ahorro para las finanzas públicas.

Ante ello, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa y el pasado 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la extinción de siete organismos autónomos, entre los que figuró la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el INAI. Los legisladores que avalaron la iniciativa acordaron que las funciones de dichas instituciones pasarán a

formar parte de dependencias del Ejecutivo Federal o al INEGI y los ahorros que se generen se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ante ello, la iniciativa pasó al pleno de la cámara baja para su aprobación.

“Lejos de promover la eliminación del INAI, debemos fortalecer la institución, como otorgarle mayores dientes legales para obligar a las instituciones públicas a entregar información”, asumió.

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