SANTIAGO, 31 oct (Reuters) - El gobierno de Chile mostró el jueves su disposición a acometer "cambios estructurales" en el país como los que ha reclamado masivamente la ciudadanía en los últimos días, pero los partidos de la oposición calificaron de "insuficientes" sus propuestas tras una reunión celebrada en el Palacio de la Moneda.
La nación sudamericana cumple dos semanas de movilizaciones sociales que han dejado una veintena de muertos, numerosas acusaciones de violaciones de los derechos humanos e importantes destrozos a la red de transporte público, comercios y edificios en todo el país.
La convulsión que vive Chile llevó también al presidente, Sebastián Piñera, a suspender la celebración de la cumbre de los países del Asia Pacífico APEC y de la cita global sobre cambio climático de Naciones Unidas COP25, que debían realizarse en las próximas fechas. presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el miércoles con Piñera, para expresar su apoyo a la decisión de suspender las cumbres y denunció la supuesta injerencia extranjera en el país sudamericano, dijo la Casa Blanca. núcleo de las reivindicaciones se agrupa en torno a la elaboración de una nueva Constitución que invalide la vigente desde la dictadura, mejores pensiones y salarios, acceso equitativo a la salud, una reforma tributaria que suba la carga a las rentas altas y nuevas condiciones en servicios básicos.
El gobierno convocó el jueves a los partidos opositores para avanzar en una agenda de cambios. El recién nombrado ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó de "positiva" la reunión mantenida en La Moneda, de la que se restó el Partido Comunista.
"Creemos que llegó el tiempo de la política, pero de la buena política, que dialoga, que conversa y que construye acuerdos para poder avanzar en los temas que más le importan a la gente", señaló, subrayando que "el gobierno no se cierra a ninguna reforma estructural".
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nuevo en el cargo, calificó como un "punto de inflexión" esta ronda de diálogos con la oposición y, tras mostrar su preocupación por la "situación económica estrecha" que vive Chile en este momento, llamó a "dar señales muy concretas en favor de la inversión".
La oposición, por su parte, acusó al Ejecutivo de haber presentado medidas "insuficientes" y de no tener mucho ánimo para avanzar en favor de una nueva Constitución.
"El gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país y todavía no toma conciencia del enorme malestar ciudadano", afirmó Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista.
El estallido social partió como una protesta por el alza en los pasajes del tren subterráneo, pero escaló rápidamente a un abanico de demandas en un país elogiado por su estabilidad económica, pero con altos indicadores de desigualdad.
El líder del Partido por la Democracia (PPD), el excanciller Heraldo Muñoz, pidió a Piñera escuchar el "clamor" de la sociedad, señalando que "las palabras no bastan, hacen falta hechos", como avanzar en la "justicia tributaria" y en la creación de una asamblea constituyente.
La oposición exigió también mejoras en la protección de los derechos humanos, uno de los puntos en tela de juicio por la dura respuesta de las fuerzas de seguridad al estallido, especialmente cuando el Gobierno puso a los militares a custodiar Santiago y otras importantes ciudades del país.
Según datos de la Fiscalía Nacional, hay en la actualidad abiertas 23 investigaciones "por muertes ocurridas en el contexto del Estado de Excepción". Una misión de Naciones Unidas está en Chile para investigar las denuncias de abuso de la fuerza.
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(Escrito por Carlos Serrano; editado por Gabriela Donoso)