Por Geoffrey Smith
Investing.com - Las discusiones internacionales rara vez son armoniosas, y cualquier tipo de discusión sobre impuestos aún menos.
Pero la disposición de Estados Unidos a volver a entrar en una discusión global sobre el fin de una dañina competencia fiscal ha tocado la fibra sensible. Todavía puede terminar en una redistribución significativa de los ingresos hacia los Gobiernos y apartándolos de los accionistas privados.
Para muchos, tal cosa parece algo atrasado: las empresas multinacionales en particular han logrado deprimir consistentemente su tipo impositivo efectivo en las últimas cuatro décadas, fortaleciendo su ventaja competitiva frente a las empresas más pequeñas dondequiera que operen. La tendencia ha adquirido dimensiones grotescas, ya que específicamente la nueva raza de gigantes digitales ha desviado hábilmente la gran mayoría de sus ganancias a jurisdicciones de bajos impuestos, vaciando la base impositiva de los Estados de todo el mundo.
En los últimos 40 años, la tasa de impuestos pagados por las empresas ha caído de forma casi continua, de más del 40% en 1980 a alrededor del 24% en 2020, según la Tax Foundation, un think-tank con sede en Estados Unidos.
¿Y qué? Dicen otros. Un sistema tributario ligero y flexible ha sido esencial para apuntalar el crecimiento sin precedentes del comercio transfronterizo mundial y la inversión que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en ese tiempo, creando puestos de trabajo en nuevos sectores a medida que desaparecen otros más antiguos.
Por supuesto, no hay una sola manera de conciliar todas las perspectivas contradictorias involucradas en el debate. Sin embargo, las ideas lanzadas la semana pasada por Janet Yellen sobre un impuesto mínimo global —acogido calurosamente por los ministros de Finanzas mundiales en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional— hacen mucho más probable que se pueda evitar una destructiva disputa abierta sobre el impuesto de sociedades, que lleva gestándose desde la última crisis financiera.
La propuesta de Yellen se basa en lo que la anterior administración estadounidense implementó en 2017, cuando Donald Trump persuadió a America Inc. para repatriar billones de ganancias no gravadas escondidas en el extranjero cobrando sólo un impuesto del 10,5%.
Al mismo tiempo, la Administración Trump había reducido la tasa impositiva legal de Estados Unidos y puesto fin a una serie de exenciones. La medida fue un cohete de combustible para el mercado de valores, permitiendo a las empresas comprar cientos de miles de millones de dólares en acciones (estaban menos interesadas en usarlos para su propósito declarado de impulsar la inversión).
Hasta cierto punto, lo que propone ahora la Secretaria Yellen es poner freno a ese despilfarro, lo que parece más urgentemente necesario en vista del daño causado a las finanzas públicas y domésticas por la pandemia, y la necesidad de financiar la reconstrucción económica. Yellen propone una tasa impositiva mínima del 21%, el doble del nivel establecido por su predecesor.
Sin embargo, va mucho más allá de eso. Al proponer un impuesto mínimo global, Yellen espera persuadir a los países de Europa y otros lugares para que abandonen sus planes de impuestos sobre los servicios digitales, que se impondrían en grandes cantidades a empresas estadounidenses de plataformas de Internet como Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Amazon (NASDAQ:AMZN). Esos impuestos han propiciado un ciclo de represalias al otro lado del Atlántico que también han incluido derechos de importación sobre productos europeos y, en general, han empañado las relaciones entre las democracias más ricas del mundo.
Ese telón de fondo hizo más difícil para Trump formar una alianza más amplia para contener el expansionismo económico chino. La nueva administración —tal vez fruto del optimismo— cree que es más probable que Europa acepte las medidas anti-chinas si se puede resolver esta larga disputa.
Ciertamente, el acuerdo sobre un impuesto mínimo mundial permitirá avanzar en otra iniciativa paralela, liderada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, para erradicar la llamada "Erosión de la base imponible y traslado de beneficios". Este farragoso término se refiere a la práctica por la que las multinacionales desvían la mayor parte posible de sus beneficios a jurisdicciones con tipos impositivos bajos como Irlanda o un puñado de territorios británicos de ultramar como las Islas Vírgenes Británicas.
Según Reuters, se espera que el impuesto mínimo constituya la mayor parte de los 50,000-80,000 millones de dólares en impuestos corporativos adicionales que la OCDE estima que las empresas terminarán pagando a nivel mundial si se promulgan acuerdos sobre ambas cosas. La iniciativa BEPS ha quedado congelada de forma efectiva este último año, desde que Steven Mnuchin informara a la OCDE de que Estados Unidos no podría aceptar elementos clave de la misma. Si hay distancia en los esfuerzos de Biden hacia el acercamiento, ése es el siguiente sitio en el que uno esperaría ver progresos.
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