Por Julia Edwards Ainsley
WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ganó su primera gran batalla en su guerra contra la inmigración ilegal y lo hizo sin construir el muro prometido.
La victoria fue anunciada la semana pasada por el Departamento de Serguridad Interior (DHS), que divulgó cifras que muestran una caída de un 93 por ciento desde diciembre de los padres con hijos capturados al intentar cruzar la frontera con México de manera ilegal.
En diciembre se detuvo a 16.000 padres y niños; en marzo, un mes en que la inmigración tradicionalmente aumenta debido al clima más templado, el número apenas superaba los 1.100.
Fue una disminución significativa -más que la caída de un 72 por ciento de las detenciones en general- pero para ocho funcionarios del DHS entrevistados por Reuters no fue una sorpresa.
Trump se ha referido a la necesidad de tomar medidas enérgicas contra todos los inmigrantes ilegales. Pero, según funcionarios del DHS familiarizados con la estrategia del departamento, el gobierno se ha enfocado en un grupo de inmigrantes más que en cualquier otro: mujeres con niños, el sector demográfico de inmigrantes ilegales de más rápido crecimiento. Esto no se había informado antes.
Desde que Trump asumió el cargo en enero, el DHS ha implementado una serie de políticas que apuntan a desalentar a las mujeres que intentan cruzar la frontera, incluyendo obstáculos iniciales más difíciles para los pedidos de asilo y la amenaza de llevar a los padres ante la Justicia si contratan a contrabandistas para que sus familias crucen.
El departamento también sugirió propuestas como separar a las mujeres de los niños en la frontera.
El secretario del DHS, John Kelly, dijo en una audiencia en el Senado el 5 de abril que la marcada disminución en la inmigración ilegal, en particular mujeres y niños, se debía a las duras políticas de Trump.
Hasta la fecha, ha sido la amenaza de nuevas políticas en vez de su implementación lo que ha frenado la migración familiar.
Las madres y sus niños no son separados y el DHS descartó el plan, los padres no han sido enjuiciados y no hay un muro a lo largo de la frontera. Sin embargo, el número de inmigrantes que intentó cruzar -especialmente mujeres y niños- bajó drásticamente.
Al ser consultado sobre la política de apuntar a mujeres con niños, el portavoz del DHS Jonathan Hoffman se refirió a la caída de marzo, diciendo: "Fueron 15.000 mujeres y niños que no se arriesgaron a morir o a ser agredidos por contrabandistas en su viaje al norte".
La Casa Blanca no quiso hacer declaraciones y refirió a Reuters al DHS.
Durante meses, Centroamérica escuchó sobre las políticas de mano dura de Trump. Anuncios públicos en radio y televisión presentaban sombríos panoramas de lo que les esperaba a quienes viajaran al norte. Algunos de los avisos fueron financiados por Estados Unidos, otros por agencias de Naciones Unidas y gobiernos regionales.
Una radio en Honduras incluía una madre diciendo: "No sé si estás viva o muerta, pero sé que no estás bien. Mi hija, daría lo que fuera porque estuvieras aquí conmigo. Maldigo el día en que te mandé para el norte".
La posibilidad de que madres y niños fueran separados en la frontera causó alarma, dijo la viceministra de Relaciones Exteriores de Honduras, María Andrea Matamoros, a Reuters.
"Eso tiene que preocupar, una madre quiere llegar a Estados Unidos con su hijo y ser separados cambia drásticamente los planes. Obviamente, esto ha generado temor y miedo en las familias hondureñas a migrar", comentó.
IDENTIFICANDO EL PROBLEMA
Las políticas que apuntan a las mujeres inmigrantes y los niños tienen sus raíces en un grupo de trabajo conformado por personal parlamentario y de otras áreas reunido por el equipo de transición de Trump en las semanas posteriores al triunfo en la elección del 8 de noviembre.
Al grupo se le pidió que desarrolle políticas para desalentar los cruces fronterizos ilegales y expulsar con mayor rapidez a los inmigrantes una vez llegados a suelo estadounidense, de acuerdo a dos funcionarios del DHS y un asesor parlamentario.
Una de las metas era ayudar a que Trump cumpliera con una de sus grandes promesas: poner fin a la política de "detenciones breves", la práctica de arrestar inmigrantes ilegales pero luego soltarlos para permitirles vivir en el país hasta que se resolvieran sus casos de asilo o deportación.
Como un fallo federal impide la detención prolongada de menores por cuestiones migratorias, el Gobierno del ex presidente Barack Obama solía liberar a las madres con niños en Estados Unidos a la espera de una resolución de sus casos.
Pero el Gobierno de Trump vio esa política como un aliciente para que las mujeres hagan el peligroso viaje hacia el norte con sus niños, aunque se vio atado a esa misma legislación.
Ninguno de los integrantes del grupo aceptó a ser entrevistado por Reuters. Varios funcionarios del DHS dijeron que en sus nuevos roles ellos siguen enfocándose en el tema de las mujeres y los niños inmigrantes.
Pronto tuvieron los primeros esbozos de un plan. Como la decisión judicial sobre los niños era un obstáculo para una detención prolongada, pensaron en separarlos de sus madres y que quedaran con familias sustitutas bajo custodia federal mientras las mujeres eran mantenidas en centros de detención, dijeron los dos oficiales del DHS y el asesor parlamentario.
El grupo también propuso otras dos políticas que afectarían directamente a las mujeres y sus hijos: subir la vara para conceder asilo y acusar a los padres de tráfico de personas en caso de que hubieran contratado a contrabandistas para cruzar la frontera.
En marzo, el número de niños viajando con mayores detenidos en la frontera bajó a un tercio respecto del mes previo. Cuando Kelly y sus asesores vieron las cifras, anunciaron que se iba a posponer la idea de separar a las mujeres de sus hijos, al menos por el momento.
Al ser consultada sobre si el plan podría revivir, la portavoz del DHS Jenny Burke dijo: "Las familias atrapadas cruzando la frontera de forma ilegal no van a ser separadas, salvo que la situación en un momento en particular lo requiera". (Reporte adicional de Gabriel Stargardter y Sofía Menchú en Ciudad de México, Gustavo Palencia en Tegucigalpa y Nelson Rentería en San Salvador. Editado en español por Patricia Avila y Javier Leira)